El Gobierno de Trump está planeando desestimar las solicitudes de asilo de potencialmente cientos de miles de inmigrantes en Estados Unidos y luego hacerlos elegibles para la deportación como parte de la amplia ofensiva migratoria del presidente, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.
Esta sería la más reciente de una serie de medidas del Gobierno para impedir que los migrantes reciban protección en Estados Unidos. Mientras las autoridades federales se ven presionadas para publicar cifras históricas de arrestos migratorios, los funcionarios del gobierno han estado trabajando discretamente en iniciativas para que más personas sean elegibles para la deportación.
Las personas en este caso son quienes ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y posteriormente solicitaron asilo, según las fuentes. Se espera que sus casos se cierren, lo que los expone al riesgo de deportación. Esto podría afectar a cientos de miles de solicitantes de asilo.
Durante la última década, la mayoría de quienes solicitaron asilo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) informaron por sí mismos cómo ingresaron a EE.UU. Alrededor del 25 % afirmó haber ingresado ilegalmente, un porcentaje que equivale a al menos un cuarto de millón de personas, según un informe federal que analiza a los asilados en 2023. El resto ingresó legalmente a través de un puerto de entrada con diversas visas.
Según la ley estadounidense, quienes buscan protección contra la violencia o la persecución en su país de origen pueden solicitar asilo para permanecer en Estados Unidos. Trump, al asumir el cargo, bloqueó el acceso a las solicitudes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos.
Según datos federales, actualmente hay alrededor de 1,45 millones de personas con solicitudes de asilo afirmativo pendientes. Quienes no están en proceso de deportación pueden solicitar asilo afirmativo a través del USCIS.
El USCIS, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional y responsable de la gestión de los beneficios federales de inmigración, también ha recibido de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la autoridad para iniciar procedimientos acelerados de deportación, así como para “tomar medidas adicionales para sancionar las infracciones civiles y penales de las leyes de inmigración”, según un memorando obtenido por CNN. Esto marca una ruptura sin precedentes con un protocolo que el USCIS ha mantenido durante décadas.
En una declaración a CNN, el portavoz del USCIS, Matthew Tragesser, dijo que la agencia “no tenía nada que anunciar en este momento”.
“La principal prioridad del USCIS sigue siendo la evaluación y verificación de antecedentes de todos los extranjeros que buscan venir, vivir o trabajar en Estados Unidos. El presidente Trump y la secretaria Noem han otorgado al USCIS la capacidad de utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para garantizar que se mantenga la integridad del sistema de inmigración, se descubra y aborde con prontitud el fraude, y se expulse del país a los extranjeros indocumentados”, añadió.
Normalmente, el USCIS puede transferir a las personas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para llevar a cabo las siguientes etapas de su proceso migratorio si determina que no son elegibles para recibir ayuda en Estados Unidos. Las medidas de cumplimiento de la ley, como ordenar la expulsión rápida de una persona, generalmente han sido competencia del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.
Expertos y defensores de los derechos advierten que colocar al USCIS en el centro de la campaña de deportación del presidente probablemente tendrá un efecto paralizante para quienes intentan obtener alivio y permanecer en Estados Unidos.
“Están convirtiendo la agencia que consideramos que proporciona beneficios de inmigración en un brazo ejecutor del ICE”, dijo Sarah Mehta, subdirectora de asuntos gubernamentales de la división de igualdad de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.
Los migrantes cuyos casos sean desestimados bajo el nuevo plan del Gobierno estarán sujetos a una deportación acelerada. Este procedimiento acelerado permite a las autoridades migratorias expulsar a una persona sin una audiencia ante un juez de inmigración.
Los funcionarios de Trump ampliaron las deportaciones aceleradas a principios de este año para incluir a inmigrantes indocumentados en cualquier lugar de Estados Unidos que no puedan demostrar que han vivido en el país de forma continua durante dos años o más. El Gobierno también indicó previamente a los jueces de inmigración que deberían desestimar los casos de asilo “legalmente deficientes” sin celebrar una audiencia.
Algunos migrantes que han vivido y trabajado en Estados Unidos durante años ya han recibido notificaciones de desestimación de sus solicitudes de asilo sin una resolución, según un aviso compartido con CNN. No se sabe con certeza cuántas personas han recibido la notificación de desestimación.
El Gobierno de Trump ha criticado múltiples programas diseñados para proteger temporalmente a los migrantes en Estados Unidos y, en algunos casos, ha cancelado dichas protecciones. Sin embargo, es inusual que el USCIS acepte una solicitud y luego la desestime abruptamente.
El proceso de asilo también es diferente porque proporciona una solución a largo plazo para los solicitantes y sirve como camino hacia la ciudadanía estadounidense, incluso para personas que ingresaron al país ilegalmente.
“El gobierno debería procesar las solicitudes de asilo, no rechazarlas. Todo solicitante de asilo debería tener la oportunidad de que su caso sea procesado. Se trata de inmigrantes que llevan años trabajando legalmente en Estados Unidos y contribuyendo a las comunidades locales de todo el país”, declaró Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo. “Desestimar sus solicitudes de asilo los perjudicará a ellos, a sus familias, a sus empleadores y a las comunidades que dependen de ellos”.
