OFRANEH rechazó la convocatoria de la Procuraduría General de la República (PGR) para abordar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre Cayos Cochinos, argumentando que la reunión fue convocada con pocas horas de anticipación y que no constituye una convocatoria de buena fe.
La organización garífuna también cuestionó que el Estado pretenda abordar únicamente el caso de Cayos Cochinos, mientras permanecen incumplidas las sentencias de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y San Juan. OFRANEH exigió una ruta integral con responsables, presupuesto, plazos y mecanismos de verificación para cumplir las cuatro sentencias.
Asimismo, Miriam Miranda pidió a la PGR solicitar al Poder Judicial el cierre del proceso penal contra defensores garífunas de San Juan y exigió el cese de la criminalización y los desalojos. Además, advirtió que las sentencias de la Corte IDH “no se dialogan, se ejecutan y se cumplen”.
EL COMUNICADO:
Territorio Garífuna, 9 de septiembre 2026
Señor
Dagoberto Aspra Iglesias
Procurador General de la República
Su despacho.
Asunto: Respuesta a la Convocatoria de Reunión de Coordinación del Estado
Señor Procurador:
Hemos recibido el Oficio No. 403-D-PGR-2026, de fecha 9 de septiembre de 2026, mediante el cual nos convoca a una reunión de trabajo para el día 10 de septiembre, con el propósito de abordar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos. Lamentablemente, no podremos participar en dicha reunión. Convocar a las 7:00 de la noche una reunión de esta trascendencia para las 9:00 de la mañana del día siguiente no constituye una convocatoria de buena fe. Una reunión destinada, según su propio oficio, a definir una hoja de ruta conjunta, responsables institucionales, actividades, presupuestos y mecanismos de verificación para el cumplimiento de una sentencia internacional, requiere de una convocatoria oportuna, seria y responsable.
Más aún, nos resulta preocupante que se pretenda abordar de manera aislada la sentencia de Cayos Cochinos, cuando el Estado de Honduras mantiene incumplidas las sentencias de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, dictadas en 2015, y la sentencia de San Juan, dictada en 2023. La sentencia de Cayos Cochinos, por su parte, fue notificada al Estado el 4 de marzo de 2026. Asimismo, existen otros dos casos del pueblo Garífuna que próximamente podrían pasar a decisión de la Corte Interamericana.
Nos llama poderosamente la atención que, mientras el pueblo Garífuna se encuentra exigiendo justicia precisamente por la situación de la comunidad de San Juan, la Procuraduría General de la República realice una convocatoria urgente y de última hora para atender únicamente la sentencia de Cayos Cochinos.
Es de su conocimiento que desde el 10 de agosto de 2026 hemos instalado el Campamento “Por la Vida del Pueblo Garífuna”, frente a la Corte Suprema de Justicia, exigiendo justicia y el cierre del proceso penal ilegalmente construido por el Ministerio Público y el Poder Judicial contra una compañera y cuatro compañeros defensores del territorio, en un caso relacionado directamente con la comunidad de San Juan y con la defensa de nuestro territorio ancestral.
Asimismo, mañana 10 de septiembre tenemos programadas actividades de especial trascendencia, entre ellas la presentación ante el Ministerio Público de una denuncia penal contra funcionarios del actual Gobierno por hechos constitutivos de crímenes de lesa
humanidad, en la modalidad de persecución contra población indígena y campesina y por hechos individuales cometidos contra el pueblo Garífuna, como consecuencia de una política institucional de criminalización y desalojos, aun cuando existe una sentencia de la Corte IDH a favor de la comunidad de San Juan.
Le recomendamos al Estado de Honduras que revise las cuatro sentencias de la Corte IDH, elabore una propuesta integral de mecanismo y una ruta de cumplimiento, con responsables, presupuesto, plazos y mecanismos de verificación, y posteriormente nos convoca a un proceso de consulta y acuerdos sobre dicha propuesta.
Mientras tanto, solicitamos a la Procuraduría General de la República que requiera formalmente al Poder Judicial realizar el correspondiente control de convencionalidad y proceder al cierre del proceso penal de San Juan, pues no puede utilizarse el sistema de justicia para perseguir y criminalizar a los defensores de los territorios ancestrales del pueblo Garífuna, mientras el propio Estado mantiene un prolongado incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. De igual manera, si realmente existe voluntad de comenzar a dar cumplimiento a la sentencia de Cayos Cochinos, exigimos al Estado de Honduras abstenerse de autorizar la grabación de programas de reality show o cualquier otra actividad que continúe violentando los derechos reconocidos y condenados por la Corte Interamericana en dicha sentencia.
Finalmente, esperamos que sus futuras comunicaciones dirigidas al pueblo Garífuna para abordar el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH sean realizadas con la debida anticipación, ‘de buena fe’ y con una agenda que incluya integralmente las cuatro sentencias dictadas a favor de nuestras comunidades, y no solamente aquella que el Estado ha decidido atender en este momento. El pueblo Garífuna seguirá exigiendo el cumplimiento integral de las sentencias de la Corte Interamericana y la garantía efectiva de nuestros derechos territoriales. Las sentencias de un Tribunal no se dialogan, se ejecutan y se cumplen. Y más aun, no puede haber ‘diálogo de buena fe’ mientras continúan la criminalización, los desalojos y la persecución contra las víctimas de violación de derechos de propiedad colectiva y ancestral condenadas por la Corte IDH.
Atentamente,
Miriam Miranda
Coordinadora General de la OFRANEH
