El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que Honduras enfrenta un “nivel crítico” en la protección de la vida e integridad de la niñez, tras registrar alrededor de 1,330 muertes violentas de niñas, niños y adolescentes entre 2020 y junio de 2026. La cifra equivale a un promedio de 17 víctimas al mes o una muerte cada 43 horas durante los últimos 78 meses.
El organismo calificó como alarmante el incremento de la violencia contra la niñez y la juventud hondureña, señalando que el país no está garantizando entornos seguros para que los menores crezcan y se desarrollen en condiciones adecuadas. Además, expresó preocupación por la crueldad con la que muchas de estas víctimas han perdido la vida.
De acuerdo con los datos del Conadeh, el grupo más afectado es el de adolescentes entre 15 y 18 años, que acumula 997 casos, equivalente al 75% del total de víctimas. Le siguen los menores de entre 11 y 14 años, con 168 casos, lo que representa el 12.6% de las muertes registradas.
La institución identificó a Francisco Morazán, Cortés, Olancho y Yoro como los departamentos con mayor riesgo para la niñez hondureña. En conjunto, estas zonas concentran el 58% de los homicidios de niñas, niños y adolescentes ocurridos en el país durante el período analizado.
El Conadeh también alertó sobre la persistencia de altos niveles de impunidad en los crímenes contra menores de edad, atribuidos a las debilidades en los procesos de investigación y judicialización. A esto se suman otras formas de violencia que afectan gravemente a este sector, entre ellas el maltrato infantil, la explotación sexual comercial, la trata de personas y el reclutamiento forzado por estructuras criminales.
Respecto al reclutamiento de menores por maras y pandillas, el organismo señaló que se trata de una problemática invisibilizada, ya que hasta la fecha son escasos o inexistentes los casos judicializados contra quienes utilizan a niños y adolescentes para actividades delictivas.
Ante este panorama, el ente defensor de derechos humanos hizo un llamado urgente a las autoridades para impulsar una estrategia interinstitucional y multidimensional enfocada en la prevención de la violencia y la protección integral de la niñez. Asimismo, destacó la importancia de educar y sensibilizar a las familias sobre los derechos de los menores y la necesidad de garantizar espacios seguros que promuevan su bienestar y desarrollo.
