La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento) aprobó en la segunda de dos legislaturas una reforma a la Constitución Política que establece que aquel nicaragüense que sea sentenciado por delitos considerados «traición a la patria» perderá la calidad de nacional nicaragüense, informó este viernes ese Poder del Estado.
La reforma constitucional fue aprobada en la víspera durante una sesión especial celebrada en Ciudad Darío en conmemoración del 157 aniversario del natalicio del poeta universal Rubén Darío (1867-1916), indicó este viernes el Poder Legislativo en una declaración.
«Es, diría yo, providencial que el tiempo, que la vida nos haya permitido venir a poner ese sello (despojar de la nacionalidad a nicaragüenses) aquí frente (a la casa) donde nació Rubén Darío», declaró el presidente del Parlamento, el sandinista Gustavo Porras, según ese poder del Estado.
Porras destacó la posición antimperialista, nacionalista y revolucionaria del poeta, considerado el «Príncipe de las letras castellanas» y el padre del modernismo literario.
Ley es aplicada contra opositores y críticos de Ortega
Esa reforma constitucional fue aprobada en primera de dos legislaturas el 9 de febrero de 2023, el mismo día en que fueron excarcelados y expulsados hacia Estados Unidos 222 prisioneros nicaragüenses, entre líderes opositores, disidentes sandinistas, sacerdotes y críticos al Gobierno del presidente Daniel Ortega.
El artículo reformado, el 21, que al ser constitucional necesitaba ser aprobada en dos legislaturas (períodos de sesiones parlamentarias), establece que «la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense».
Un día después, el 10 de febrero, y a pesar de que la reforma constitucional no estaba en vigor, las autoridades de Nicaragua despojaron de la nacionalidad a los 222 considerados presos políticos por los organismos humanitarios que fueron excarcelados y expulsados a Estados Unidos, y sentenciados como «traidores a la patria».
El Tribunal de Apelaciones de Managua, controlado por los sandinistas, ordenó privar la nacionalidad a esos 222 nicaragüenses con la base a la «Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense», aprobada también un día antes.
La Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense establece que «las personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada el 22 de diciembre de 2020, perderán la nacionalidad nicaragüense».
A los 222 prisioneros nicaragüenses, entre ellos 7 que intentaron disputar la Presidencia al actual mandatario, fueron inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública, cargos de elección popular, y se les suspendió sus derechos ciudadanos de por vida.
También contra Sergio Ramírez y Gioconda Belli
Cinco días después, las autoridades de Nicaragua despojaron de su nacionalidad a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, al excomandante de la revolución Luis Carrión, y a otros 90 nicaragüenses opositores y críticos con Ortega, tras ser acusados por delitos considerados «traición a la patria», es decir sin sentencia firme como establece la Ley.
Los declarados apátridas han observado, además, que la Constitución Política de Nicaragua establece en su artículo 20, que no ha sido reformado, que «ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad».
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
