Si la batalla contra el COVID-19 es una guerra, el gobierno de Nicaragua colocó al personal de salud en primera línea, sin armas y a pecho descubierto, en un afán inicial de aparentar normalidad y que recién ahora está empezado a rectificar, según los especialistas consultados.
“Se tomaron malas decisiones. Indudablemente. No hubo alarma. Estamos pagando las consecuencias de no haber cumplido los protocolos a cabalidad de una forma actualizada desde un inicio”, lamenta un médico nicaragüense, que sirve en un hospital público y aceptó hablar con Infobae sobre la situación del personal de salud en Nicaragua a condición de anonimato, por temor a represalias.
Las quejas anónimas son una constante en los hospitales y centros de salud de Nicaragua. “Es que como está la situación, todos dependemos de ese salario, y hablar y criticar al gobierno significa el despido inmediato”, justifica este especialista que fue jefe de área de un importante hospital de Managua.
Hasta el 20 de mayo, el Observatorio Ciudadano, una red de especialistas y voluntarios que lleva un conteo paralelo al gobierno sobre los estragos de la pandemia en Nicaragua, registraba 246 trabajadores de la salud presuntamente afectados por el COVID-19, de los cuales once fallecieron por esta misma causa. Las muertes del personal de salud corresponden, según el organismo, a tres personas de enfermería, dos administrativos, dos médicos, una visitadora médica, un laboratorista y dos categorizados como “otros”.
Según el último informe oficial, dado a conocer este martes por el Ministerio de Salud (Minsa), se han confirmado 254 casos de personas con COVID-19 en Nicaragua, de las cuales 17 han fallecido. Sin embargo, y a pesar que este último informe registró un incremento de casos de más del mil por ciento con respecto al de la semana pasada, las cifras oficiales aún están muy lejos del conteo del Observatorio, que registraba hasta este miércoles 2.323 casos y 465 muertes “por neumonía y sospechosas de Covid-19 verificadas”.
El régimen de Daniel Ortega asumió de forma relajada la amenaza del COVID-19. No se cerraron las fronteras, ni se estableció cuarentena ni se han suspendido las clases en las escuelas, y, por el contrario, se estimularon actividades de concentración masivas como marchas, ferias y eventos recreativos.
“En Nicaragua”, dice un informe de Amnistía Internacional hecho público este mes, “el gobierno ha seguido una política de poner deliberadamente en peligro a su población en el contexto de la pandemia de COVID-19 al fomentar reuniones sociales, provocar la preocupación específica y pública de la Organización Panamericana de la Salud y restar importancia a la pandemia”.
El informe destaca la exposición a la que se ha sometido al personal de salud en Nicaragua y expresa que “este país podría estar incumpliendo sus obligaciones internacionales contraídas en virtud de tratados, al permitir múltiples represalias, despidos y acoso a médicos/as y enfermeros/as que han exigido el uso de EPP (Equipo de Protección Personal) en centros de atención a la salud y han hecho pública su preocupación”.
En un país tan polarizado como Nicaragua, hasta el uso de mascarilla o barbijo se volvió un asunto político. Desde el lado de los simpatizantes del gobierno se estimuló la idea de que la mascarilla y el aislamiento físico, entre otras precauciones, provocaban alarma innecesaria y eran utilizados por los opositores para desestabilizar al régimen de Ortega. Incluso, en hospitales y centros de salud, se prohibió el uso de mascarillas, según denuncias de trabajadores que divulgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Sí, había un cariz político en el uso de la mascarilla”, reconoce el médico del hospital público que conversó con Infobae. “Para ellos (personas pro gobierno) el uso de la mascarilla era estar propagando divisionismo ideológico, era estar alarmando a la población, sin embargo, muchos médicos usaban la mascarilla porque son más independientes, cosa que no podían hacer el resto del personal porque son personas que están mucho más controladas por ellos”.
El debate político sobre el uso de la mascarilla terminó el mediodía del 28 de abril pasado, cuando Rosario Murillo, vicepresidente de la República y esposa de Daniel Ortega, recomendó “la distancia personal de precaución, también el uso de mascarilla”, en su tradicional alocución que se trasmite en cadena por los medios oficiales y oficialistas.
“Hasta daba risa, los mismos de Fetsalud (sindicato pro gobierno) que ayer andaban persiguiendo a los que usaban mascarillas aparecieron de un día a otro con mascarillas puestas después que la señora habló”, relata la fuente.
“En todos los hospitales, eso se lo digo con seguridad, que mucha gente que anduvo en las marchas de ¨amor en tiempos de COVID¨, que en el plan verano, y otros, sindicalistas, familiares de ellos, médicos que son jefes de servicios que eran allegados a ellos, se han infestado”, señala el médico.
Del otro lado, el doctor Nery Olivas, quien atiende en un hospital privado, asegura que “no es que se haya prohibido el uso de la mascarilla, sino que como no conocemos la enfermedad, la gente cree que no se va a infestar y hasta que comienzan a ver los casos es que uno se protege”.
Defiende la respuesta del gobierno de Ortega como “adecuada dentro de la medida que le corresponde a un país pobre”. Reconoce que, si bien hubo marchas y actividades de concentración masiva promovidas por el gobierno, en las que participó personal de salud, estas se dieron “cuando había como dos casos”.
