El director de una televisora crítica al presidente Daniel Ortega fue acusado el sábado de incitar el terrorismo después de que policías allanaran y cerraran el medio, en el acto más reciente en contra de la prensa independiente y organizaciones no gubernamentales.
En conferencia de prensa, la periodista Verónica Mora, esposa de Miguel Mora, director del canal 100% Noticias, acusó a la policía de haber perpetrado “el secuestro” de su marido “por orden de la dictadura de Daniel Ortega y (la primera dama y vicepresidenta) Rosario Murillo”.
Mora compareció en la mañana en un tribunal con el uniforme azul de recluso y fue acusado de “provocación, proposición y conspiración, para cometer actos terroristas”.
Según el documento, a través de su canal, Mora incitaba al odio con mensajes y “noticias falsas” que supuestamente provocaron que la gente efectuara actos violentos durante las protestas de este año para exigir la renuncia de Ortega.
Mora fue arrestado durante el allanamiento policial del viernes por la noche, en el que agentes confiscaron todo lo que había dentro de la estación. El canal salió del aire y las autoridades nacionales de radiodifusión prohibieron a las compañías de cable transmitir la señal de 100% Noticias.
“Todo lo tenían planificado”, declaró Chávez. “Esperaron a que Miguel terminara su programa IV Poder, y empezaron a rodear el canal, luego entraron tantos como llegaban a buscar a un peligroso delincuente, nos encañonaron y se lo llevaron”.
Chávez dijo que ella y otras cuatro personas también fueron detenidas, pero ella fue la única en ser liberada tres horas después. 100% Noticias había sido vetado del aire en abril y después se le permitió que reanudara sus transmisiones 10 días después.
Por lo menos 325 personas murieron durante las protestas, y el Centro de Derechos Humanos de Nicaragua afirma que 565 continúan encarceladas. Miles más salieron del país en autoexilio.
Ortega, de 73 años, afirma que las protestas son parte de un plan golpista para derrocarlo. Los detractores lo acusan de incrementar su autoritarismo, ordenar a la policía y grupos civiles armados que lo apoyan reprimir las protestas, y de perseguir en forma implacable a los opositores al gobierno.
Aunque las manifestaciones se disiparon frente a la enérgica reacción del gobierno, la tensión persiste en los últimos días debido a la acción de las autoridades contra las voces opositoras a pesar de las críticas del extranjero.
El 14 de diciembre, la policía allanó las oficinas de cuatro organizaciones no gubernamentales, entre ellos el Centro de Derechos Humanos de Nicaragua, además del periódico Confidencial.
El miércoles, el gobierno de Ortega expulsó a dos grupos de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigaban y daban seguimiento a los presuntos abusos en los que habían incurrido las fuerzas de seguridad durante las protestas.
El viernes en Washington, esos expertos llamaron a la comunidad internacional a tomar acciones ante la situación en Nicaragua.
“Los otros países del mundo pueden intervenir y juzgar”, dijo el experto argentino Pablo Parenti, citando lo que definió como crímenes de lesa humanidad, encarcelamiento y persecución”.
El mismo viernes, el presidente de Estados Unidos Donald Trump promulgó una ley para cortarle recursos al gobierno de Ortega e imponer sanciones a países que brinden asistencia a Nicaragua.
El sábado se presentaron varias condenas a las medidas en contra de 100% Noticias, incluyendo de funcionarios a favor de la libertad de expresión en las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, llamó a las autoridades nicaragüenses a liberar a los periodistas arrestados y “poner fin a su campaña de represión contra la prensa independiente”.
La Asociación Interamericana de prensa definió las acciones del gobierno de Ortega un “grave atropello contra las libertades de expresión y de prensa”.
