Pese a que desde el 10 de enero el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra de 14 personas por la adjudicación y titulación irregular de 66 millones de varas cuadradas en la zona núcleo del Parque Nacional “Blanca Jeannette Kawas Fernández”, todavía no se avanza con la audiencia inicial.
Lo anterior, en razón que el Juzgado del Circuito Anticorrupción se niega a seguir conociendo la causa, siendo ello confirmado por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, ordenando remitir el expediente a los juzgados sampedranos.
Por consiguiente, con una Acción Constitucional de Amparo a interponerse en el momento procesal oportuno ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se buscará revertir esas determinaciones que surgen de una excepción por falta de competencia interpuesta por la parte defensora.
De acuerdo a la investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), a inicio del año 2011, se gestó una red de corrupción pública conformada por funcionarios del Instituto de la Propiedad y la Dirección General de Regulación Predial, entidad creada de forma temporal el 11 de enero de 2010 precisamente para la inscripción irregular de predios o tierras nacionales y que fue objeto de reformas para eliminar la limitante de poder inscribir áreas mayores a las cinco hectáreas.
De esta forma, entre el 30 julio y el 15 de agosto de 2013 se presentaron 14 solicitudes de Regularización Predial de igual número de bienes inmuebles, mediante el mecanismo del equiparamiento al dominio útil la ocupación por más de 10 años y su consolidación a título en dominio pleno, todos los predios situados en la aldea El Tigre, Tela, Atlántida, constatándose una serie de anomalías e irregularidades durante todo el proceso que finalmente derivó en la adjudicación de parte de la zona núcleo del Parque Nacional “Blanca Jeannette Kawas Fernández”.
Por este expediente, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó el pasado 11 de enero en Siguatepeque al jefe de Castro y Geografía del IP, Marco Tulio Luque Medina y en San Pedro Sula al auxiliar jurídico, Carlos Josué Pacheco Guevara, acusados por 14 delitos de fraude y 12 delitos de falsificación de documentos públicos.
Además, se acusó al ex Secretario General de Regulación Predial en SPS del IP, Héctor Andrés Contreras Licona por 14 delitos de fraude y un delito de falsificación de documentos públicos y al auxiliar jurídico José Francisco Bonilla Chirinos por 14 delitos de fraude y 12 por falsificación de documentos públicos.
En el caso de José Alejandro Flores Zúniga, Claudio Marcelo Villafranca Núñez, Oscar Mario Escobar Carías, Carlos Bacila Mac Dermoth, Jerzon Rodrigo Miranda Martínez, Manuel Antonio Franco Sabillón, Jorge Arturo Martínez Gonzáles, Gudit Mariel Muñoz Castañeda, Tania Michelle Montoya Zepeda y Deyci Maribel Maldonado Rodríguez, se les acusa por el delito de cómplice necesario del delito de fraude.
Además, se ordenó la prohibición de disponer o de celebrar actos y contratos sobre bienes específicos, cabe destacar que cuatro de las 14 propiedades tituladas fraudulentamente, fueron fragmentadas, por lo que el aseguramiento fue sobre 18 propiedades.
Adicionalmente, la UFERCO, producto de una coordinación interinstitucional, proveyó de información a la Procuraduría General de la República (PGR) para la presentación de una demanda vía proceso declarativo ordinario de nulidad de títulos emitidos de manera irregular por el IP dentro de los límites Parque Nacional Jeannette Kawas, acción judicial con la que se pretende recuperar, a favor del Estado de Honduras, una extensión superficial de alrededor de cuatro mil 543 hectáreas.
