La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UFADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) iniciaron esta mañana con el proceso de incautación de 19 bienes muebles e inmuebles y productos financieros propiedad del extraditado ex comisionado general director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares alias “El Tigre Bonilla”.
Se trata de una residencia en Lomas de Toncontín de Comayagüela, Francisco Morazán, una hacienda de 50 manzanas equivalente a 350 mil metros cuadrados en la aldea Las Ánimas, Danlí, El Paraíso, un lote de terreno en Ciudad Jardín, Choloma, Cortés, tres vehículos de lujo y nueve cuentas bancarias, que de acuerdo a las diligencias de la UFADPOL y la ATIC no tienen licita procedencia.
Asimismo, cuatro sociedades mercantiles denominadas Inversiones Sofía S. de R.L de C.V (sin operar), Transportes Bonilla que según el Servicio Administrador de Rentas (SAR) refleja una utilidad operativa de menos de L.400,000.00, Transportes Rápidos Unidos Sociedad Anónima de la cual no se pudo determinar su funcionalidad al no estar legalmente registrada y Transportes Rápidos de Honduras S.A.
En total, sobre diez millones seiscientos ochenta y nueve mil ciento un lempiras con 47 centavos (L.10,689,101.47) Juan Carlos Bonilla Valladares no pudo acreditar una naturaleza o causa justificada, existiendo una incongruencia financiera y patrimonial con respecto a los ingresos que percibió en los últimos siete años de su carrera policial.
Además, de los años 2007 a 2016, periodo de investigación el ex jerarca policial adquirió tres bienes muebles, mismos que están valorados por un monto de tres millones ciento dieciséis mil cuatrocientos noventa y ocho lempiras (L.3,116,498.00).
Como se recordará, el Ministerio Público, en el marco de la Operación Némesis V, presentó la acción de privación de dominio en contra de los bienes del extraditado ex comisionado general director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares alias “El Tigre Bonilla”, siendo ello resuelto favorable por el órgano jurisdiccional competente.
Todos estos bienes son puestos a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para su administración, guarda y custodia, tras la orden de un juez de privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito.
