La emergencia sanitaria que atraviesa el país a consecuencia del Coronavirus (COVID – 19), ha puesto en relieve el supuesto mal uso de fondos públicos por parte de algunas entidades y funcionarios de gobierno, razón por la que el Ministerio Público, en el marco de la Operación Júpiter III, ahonda investigaciones de cara a ejercer las acciones penales correspondientes.
En ese sentido, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) identificaron nueva documentación y registros de compras en el sistema de salud, al tiempo que se tomará una segunda declaración a Marco Antonio Bográn Corrales, exdirector de INVEST-Honduras, programada para la 1:30 de la tarde de este miércoles.
Asimismo, será citado el notario público, Marco Tulio Castro, a quien se le investiga por su participación en la dudosa modificación de la escritura pública de la empresa Gestión y Tecnología (G y T), que involucra al empresario Juan José Lagos y su esposa la congresista Waleska Zelaya, en una compra de 474 mascarillas KN95, por un valor de 50 millones 836 mil 500 lempiras (L. 50,836,500.00).
Siempre en materia de combate a la corrupción, las oficinas regionales de la FETCCOP y la ATIC investigan supuestas irregularidades en las alcaldías de Santa Rita, departamento de Copán, Tela, departamento de Atlántida y Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés.
De su lado, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) decomisa documentación sobre proyectos de mitigación ejecutados por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), del período 2010 – 2015, en los departamentos de Santa Bárbara, Choluteca y Ocotepeque.
A su vez, la UNAF y la ATIC, trabajan en otras dos líneas de investigación del sonado caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la más reciente hace referencia a la compra de clínicas móviles en abril pasado y que estarían siendo subutilizadas.
La crisis sanitaria actual también ha puesto en evidencia alarmantes índices de diferentes formas de violencia hacia la mujer, por lo que en Júpiter III se tienen previstas más acusaciones y capturas contra transgresores de víctimas vulnerables.
Otro campo de acción en el que centra sus esfuerzos el Ministerio Público, tiene que ver con la verificación y sanciones por el incumplimiento de las medidas y protocolos de bioseguridad a los que están obligados todos los restaurantes, centros comerciales, supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias, hoteles, empresas del rubro turístico, instituciones financieras, entre otros comercios, a fin de salvaguardar la salud y la vida de los consumidores.
La Operación Júpiter III, además está orientada a combatir la discriminación racial a pueblos indígenas, la protección a adultos mayores, casos de abusos sexuales en perjuicio de niños y niñas, desarticulación de redes de tráfico y trata de personas y diligencias por daños ambientales y explotación ilegal de recursos naturales minerales.
Igualmente, se inspeccionan jefaturas policiales como parte de la labor en materia de derechos humanos, se efectúan operativos para contrarrestar delitos tributarios en las distintas aduanas, se vela por la propiedad intelectual e industrial y se coordina con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y otras dependencias, la incautación de drogas.
En lo referente a los delitos contra la vida, serán presentados ante juzgados competentes los autores de varios crímenes, dentro de los que se destaca la acusación por la masacre acontecida el sábado 8 de agosto de 2020, en el municipio San Francisco de Becerra, Olancho, en el que perdieron la vida Norma Carolina Pacheco Bardales, Guillermo Antonio Erazo Ávila y José Javier Brevé Hernández.
En general, con la Operación Júpiter III, todas las Fiscalías Especiales, Regionales y Locales, Módulos Operativos y Unidades Especializadas, dirigirán a nivel nacional una gran cantidad de allanamientos, detenciones infragantis, capturas, acusaciones y operativos de control, por una amplia gama de delitos, muchos de ellos que se han incrementado durante este período de emergencia.
El Ministerio Público recuerda a la ciudadanía que si es víctima de algún ilícito penal pueden acudir a las Fiscalías de Turno de su localidad, cuyo personal se ha mantenido en la atención al usuario desde el inicio de la cuarentena.
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La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de Corrupción Pública (FETCCOP), en el marco de la Operación Júpiter III, inicia este día el proceso investigativo por supuestos actos ilícitos en instituciones del sector Salud en el departamento de Atlántida.
FETCCOP y la oficina Policial de Investigación Financiera (OPIF), inician averiguaciones en virtud de una denuncia interpuesta el 29 de julio del 2020 contra empleados del Hospital General Atlántida, a quiénes se les supone responsables de cometer varios delitos.
De acuerdo a la denuncia, se habría cometido los delitos de administración desleal del patrimonio público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
Asimismo FETCCOP inicia investigación por otra denuncia recibida el 21 de mayo del año 2020, instruida contra algunas autoridades del Hospital Regional Atlántida, a quiénes se les supone responsable del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio a la administración pública del Estado de Honduras.
