Un juez de inmigración ha rechazado este miércoles una solicitud del gobierno del presidente Donald Trump de ordenar la deportación de cuatro inmigrantes, ya que por fallas en la programación de las citas no se presentaron a audiencias preliminares en Estados Unidos mientras se ven obligados a esperar en México, una nueva política que se aplica desde el pasado enero. La negativa del juez Scott Simpson fue un revés para la iniciativa gubernamental que obliga a los solicitantes de asilo a que esperen en México mientras se analizan sus casos en las cortes de inmigración estadounidenses.
Un inmigrante, que tenía un aviso para presentarse el sábado 30 de marzo en la corte de San Diego, posteriormente se enteró de que supuestamente tenía que acudir el miércoles. Se reportó en la mañana ante las autoridades estadounidenses en el puerto de ingreso principal entre San Diego y Tijuana y dijo que apenas logró llegar. Complicaciones similares echaron a perder las primeras audiencias la semana pasada de otros migrantes a los que en un principio se les dijo que se presentaran el martes pero después se les atrasaron las citas varios días.
Simpson ha pedido a los abogados del gobierno que presenten un texto antes del 10 de abril en el que se explique cómo puede garantizar que se les notifique a los migrantes adecuadamente sus citas en la corte.
El magistrado retrasó al 22 de abril las audiencias iniciales de estas cuatro personas que no acudieron, lo que generó más dudas sobre cómo se enterarán de la nueva fecha. El gobierno no tiene el domicilio de ninguno de los cuatro hombres en Tijuana. Simpson entonces preguntó cómo les piensa avisar. “No tengo una respuesta a eso”, respondió Robert Wities, abogado del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
Al menos otras dos personas tenían avisos para presentarse el martes pero, cuando acudieron a la frontera, las autoridades estadounidenses les dijeron que sus nombres no estaban en las citas programadas para ese día. Sus abogados rápidamente obtuvieron nuevas citas para el miércoles, pero México se negó a recibir de nuevo a los migrantes, por lo que se vieron obligadas a pasar la noche bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
Laura Sánchez, abogada de uno de los hombres, dijo que llamó el martes a un número gratuito de la corte para confirmar la audiencia inicial de su cliente, pero le dijeron que su nombre no aparecía en el sistema. Luego se enteró de que era el miércoles. Después de la audiencia de ese día, Sánchez dijo que desconocía si México recibiría a su cliente de nuevo. Las autoridades mexicanas no respondieron por el momento una solicitud de comentarios.
El cambio en la política, adoptado tras meses de conversaciones de alto nivel entre Estados Unidos y México, arrancó en San Diego el 29 de enero mientras arribaba un creciente número de familias solicitantes de asilo provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Antes de esta normativa, las familias por lo general eran puertas en libertad en Estados Unidos con notificaciones para presentarse en la corte y después esperar a que resolvieran sus caso, un proceso que puede durar años.
Pero esta nueva política intenta cambiarlo. Obliga a los migrantes a esperar en México, aunque ha tenido un arranque modesto con 240 migrantes enviados de vuelta a Tijuana desde San Diego en las primeras seis semanas. Las autoridades estadounidenses han dicho que esperan ampliar la política a toda la frontera.
