La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este viernes una actualización de su informe sobre los derechos humanos en Venezuela. Denunció que las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro mataron a más de 2.000 personas entre enero y agosto de este año.
“Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultados de operativos de seguridad. Mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2 mil muertes desde enero de 2020”, manifestó Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos.
La ex presidente de Chile expresó su preocupación por decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que obstruyen libertades, por los nombramientos no consensuados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los cambios electorales. “Es crucial que en los próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático”, sostuvo, de cara a las elecciones parlamentarias convocadas para el próximo 6 de diciembre.
Luego dijo que su oficina continúa documentando casos de represión en protestas pacíficas en Venezuela, bajo el “Estado de alarma”, incluyendo detenciones y muertes de manifestantes. “En Venezuela continúan restricciones a la libertad de expresión, la aplicación de la Ley del Odio, ataques a defensores y periodistas”, subrayó.
También denunció su preocupación por los discursos estigmatizantes de las autoridades del país, que responsabilizan a los que retornan de introducir el coronavirus en territorio venezolano. “El 33% de las muertes por COVID-19 en Venezuela han sido del personal de salud, principalmente por la falta del equipos de protección y agua”, denunció.
Por último, sostuvo que la pandemia se sumó a otras emergencias preexistentes, como la alimentaria. Dijo que la tasa de desnutrición aguda infantil está en torno al 15% y que algunos dejan de comer para que otro familiar pueda hacerlo.
Este actualización llegó luego de que una Misión internacional a la que la ONU encargó investigar la situación de los derechos humanos en Venezuela volvió a poner en foco la brutalidad del régimen venezolano. Es que la pandemia mundial, las consecuencias económicas y algunos cambios de color político en la región había quitado del centro de debate lo ya conocido.
En las 21 páginas, se señala al dictador Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol, como figuras determinantes en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país. El informe ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.
