El nuevo plan contra la extorsión aplicado desde diciembre del 2022 por el Gobierno de Honduras, y que incluye medidas radicales como el estado de excepción, no ha dado todavía muestras de reducir el pago de las extorsiones, según algunos sectores.
Las autoridades hondureñas, por su parte, sostienen que el éxito del estado de excepción se mide con el número de vidas salvadas.
El denominado Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos fue lanzado el 24 de noviembre de 2022 por la presidenta Xiomara Castro.
Trece días después, el 6 de diciembre, entró en vigor un estado de excepción que suspendía varias garantías constitucionales en 89 barrios y colonias de la capital de Honduras (Tegucigalpa y Comayagüela) y en 73 barrios y colonias de San Pedro Sula.
La medida llegaba a su fin el 6 de enero, pero ese mismo día fue aprobada una ampliación por 45 días que abarca además de las ciudades mencionadas, a 73 municipios distribuidos en 17 de los 18 departamentos que tiene el país. El único departamento en el que ningún municipio está bajo el estado de excepción es el de Gracias a Dios.
La recaudación anual del llamado “impuesto de guerra”, es decir, el cobro de extorsión, es de unos 737 millones de dólares, equivalente al 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y al 14.7 por ciento de la recaudación fiscal, según un estudio de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) publicado en 2022.
La Policía Nacional emitió un comunicado en el que califica el estado de excepción como “la más exitosa política de Estado en materia de seguridad para bajar la tasa de homicidios”.
Además, que el éxito de su aplicación “no se mide con el número de detenidos o armas, sino por el número de vidas salvadas”.
En diciembre pasado, las autoridades atribuyeron a la estrategia de Castro en materia de seguridad la tasa de homicidios de 35.79 por cada cien mil habitantes con que el país centroamericano cerró el 2022.
