Honduras recibió un fuerte llamado de atención internacional durante su cuarto Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Más de 90 países expresaron preocupaciones sobre la prolongación del estado de excepción, la independencia de los órganos electorales y la falta de protección a la prensa y a defensores de derechos humanos.
El ministro de Derechos Humanos, Longino Becerra, encabezó la delegación hondureña y calificó la sesión como el “primer examen bajo un gobierno legítimo”, lo que fue interpretado como una descalificación de administraciones anteriores y generó incomodidad entre varias delegaciones.
Sobre el estado de excepción, desde diciembre de 2022 Honduras mantiene un régimen que, según países como Francia, Alemania, Noruega, Suiza, Reino Unido, Bélgica, Austria y Corea del Sur, viola principios básicos del derecho internacional.
Los Estados recordaron que estas medidas deben ser temporales, proporcionales y supervisadas por el poder judicial, ya que su prolongación restringe libertades fundamentales y podría afectar la igualdad de condiciones en las elecciones del 30 de noviembre.
La independencia de los órganos electorales fue otro foco de atención. España, Canadá, Brasil, Australia y Reino Unido subrayaron la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) permanezcan libres de presiones políticas. Alemania y Austria recordaron además que la Constitución prohíbe la participación militar en procesos electorales, en referencia a denuncias de intervenciones indebidas de las Fuerzas Armadas.
Finalmente, los riesgos para periodistas y defensores de derechos humanos generaron observaciones severas. Noruega, Suiza, Países Bajos, Canadá y Francia pidieron reforzar el Mecanismo Nacional de Protección con autonomía y presupuesto suficiente.
Otros países, como Lituania e Islas Marshall, expresaron preocupación por la violencia contra comunicadores, mientras que Reino Unido, Australia y Eslovenia instaron a detener la criminalización de voces críticas y garantizar investigaciones efectivas ante amenazas y ataques. El mensaje internacional fue claro: la legitimidad democrática de Honduras depende del respeto a las libertades, la separación de poderes y la protección de quienes defienden los derechos humanos.
