Durante más de 10 años la activista nicaragüense María Teresa Blandón trabajó promoviendo los derechos de las mujeres desde su organización La Corriente, pero todo llegó a su fin cuando el gobierno del presidente Daniel Ortega le suspendió la personería jurídica en mayo de 2022, alegando supuestas irregularidades en sus estados financieros.
Blandón interpretó la decisión como una clara estocada que puso fin a años de campañas de desprestigio contra las feministas. “El gobierno declaró a las organizaciones de mujeres como sus adversarias, como sus enemigas y desde el primer momento hubo una intención clara de deslegitimarnos”, dice Blandón, quien ahora se encuentra en el exilio en Costa Rica.
La Corriente, que brindaba acompañamiento a mujeres víctimas de la violencia en Managua, se sumó así a las más de 3.300 organizaciones no gubernamentales ilegalizadas en Nicaragua en tan solo cinco años que inició una crisis política en este país centroamericano tras las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
El gobierno de Ortega, según analistas, se ha valido del control que ejerce el Ministerio de Gobernación, que es el ente encargado de fiscalizar las organizaciones no gubernamentales, para clausurarlas.
Los opositores alegan que Gobernación no reciben la documentación de los estados financieros de las oenegés, o no permiten actualizar las juntas directivas.
Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), ilegalizada por el gobierno de Ortega en abril de 2022, señaló que las autoridades de Gobernación no recibieron la documentación de la entidad que dirigía.
El gobierno de Ortega alega que el cierre de las casi 3.500 ONG ilegalizadas es parte de lo que han llamado “un proceso de ordenamiento” que les ayudará a “regular” las 7.227 asociaciones sin fines de lucro que se fundaron en el país desde la década de 1980.
