El flujo de migrantes retornados a Honduras sigue en aumento durante 2026. Según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), más de 15,449 personas han sido retornadas o deportadas al país en los primeros 120 días del año, lo que representa un promedio de 129 personas diarias, es decir, una cada 11 minutos.
Las cifras evidencian la persistencia de un fenómeno migratorio con niveles elevados en los últimos años. Informes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de organismos de derechos humanos confirman que el país cerró 2025 con más de 42.000 retornos, mientras que en el primer trimestre de 2026 ya se contabilizaban más de 11,600 casos, reafirmando la tendencia ascendente.
De los registros se desprende que aproximadamente el 91% de los retornos provienen de Estados Unidos, seguido por México y Guatemala, consolidando a la región como el principal corredor migratorio de retorno hacia Honduras.
Perfil de la población retornada
Las estadísticas revelan que la mayor parte de las personas retornadas pertenece a la edad productiva. El grupo más nutrido tiene entre 21 y 30 años, seguido por quienes tienen 31 a 40 años, lo que repercute directamente en la fuerza laboral del país.
Asimismo, se verifica la llegada de menores de edad y mujeres entre los retornados, situación que genera alertas sobre la necesidad de una atención diferenciada para población vulnerable, especialmente durante los procesos de reintegración familiar y comunitaria.
Respuesta gubernamental
En medio del incremento de retornos, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias, una iniciativa impulsada por la diputada Sara Zavala.
La normativa busca establecer un marco legal para facilitar el retorno ordenado de los migrantes, proteger sus bienes y promover su reintegración social y económica.
La ley contempla mecanismos de coordinación interinstitucional para brindar apoyo integral a los connacionales que regresan al país, incluyendo acceso a programas de reinserción y acompañamiento institucional.
La finalización del programa coloca a miles de personas ante posibles procesos de detención y deportación, incluso por faltas menores, lo que podría aumentar aún más las cifras de retorno en los próximos meses.
A nivel regional persisten factores estructurales como la pobreza, la falta de empleo y la violencia, que siguen siendo determinantes en la migración irregular desde Honduras.
