María Corina Machado, la legisladora más votada en las elecciones legislativas de 2010 en Venezuela y que luego fue despojada de su investidura parlamentaria, años después de distanciarse de los principales líderes opositores y boicotear sostenidamente anteriores elecciones, contra todo pronóstico volvió al ruedo electoral y ahora figura como favorita para salir victoriosa en las primarias del domingo en las que los adversarios del presidente Nicolás Maduro elegirán a un candidato unitario para los comicios presidenciales de 2024.
Su postura irreductible ante Maduro y sus abundantes críticas a los líderes de los mayores partidos de oposición, a los que acusa de fracasar en su política para separar al mandatario del cargo y, ya debilitados, de intentar pactar con él a cambio de mantener pequeñas cuotas de poder, la han convertido en la mejor opción para muchos venezolanos que aspiran que el oficialismo sufra por fin una derrota luego de 25 años de mandato en este país sudamericano.
La excongresista ahora afirma que “el momento llegó” de enfrentar electoralmente al partido de gobierno.
Vente Venezuela
Machado, de 56 años, dio un cambio total con respecto a la dirección que llevaba de mantenerse al margen de las políticas de los mayores partidos de oposición que impulsaron las primarias y negarse a participar en elecciones organizadas por el organismo electoral, donde los aliados del oficialismo son mayoría desde hace más de dos décadas, y que, según los críticos del gobierno, no brinda garantías para que las elecciones sean justas y transparentes.
Machado, ingeniera industrial, especializada en finanzas, se representa en las primarias como abanderada del partido Vente Venezuela, agrupación de línea dura que fundó en mayo de 2012 y a la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) –que se encarga de organizar los comicios nacionales, estatales y municipales en el país– negó la inscripción como organización política. En las primarias participan otros nueve candidatos.
La exlegisladora, hija de un acaudalado empresario siderúrgico, alcanzó notoriedad pública en el 2002, como una de los fundadores de SUMATE, una organización no gubernamental veedora de la transparencia electoral.
SUMATE estuvo al frente de la logística y asistencia técnica del referendo revocatorio que en 2004 intentó destituir por intermedio de un referendo al entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).
Semanas antes del triunfo de Chávez en el referendo, Machado pasó a ser una figura política al denunciar vehemencia el uso que se le dio a los datos de los firmantes recopilados por SUMATE, que fueron entregados por la autoridad electoral al partido de gobierno.
Tras quedar públicamente expuesta la identidad de los electores que se expresaron a favor de convocar el referendo, cientos de personas denunciaron que entre 2003 y 2004 fueron despedidos de sus cargos en empresas públicas y se les impidió contratar con el Estado.
Años después Chávez pidió a los directivos y funcionarios oficiales “enterrar” la referida lista que circuló por un largo período por Internet.
La activa promoción de la democracia de Machado le ganó reconocimientos fuera del país. Machado fue recibida en la Casa Blanca en 2005 por el entonces presidente estadounidense George W. Bush.
Procesada judicialmente
La exdiputada tiene pendiente desde 2014 un proceso judicial, luego que junto a otros políticos considerados intransigentes, promovió la iniciativa llamada “la salida” para presionar desde la calle cambios políticos en el país, lo que desencadenó una serie de protestas callejeras que se extendieron por unos tres meses. Las protestas dejaron 43 fallecidos.
Esa iniciativa no fue respaldada por ampliamente por la oposición, lo que comenzó a generar fricciones que se fueron agudizando con el paso del tiempo.
El proceso judicial contra Machado por el delito de conspiración ha estado en un limbo.
También en 2014 la mayoría oficialista en el Legislativo removió a Machado luego de que aceptara el cargo de “representante alterna” de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el propósito de denunciar presuntos delitos cometidos por el gobierno de Maduro. Posteriormente se le impuso una sanción que la inhabilitó para ejercer cargos públicos por un año, lo que le impidió postularse para las elecciones parlamentarias de 2015 que ganó abrumadoramente la oposición.
En junio, luego de su inscripción como candidata a las primarias, la Contraloría General la inhabilitó por 15 años, asegurando que ella participó en una supuesta trama de corrupción orquestada por el líder opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino en 2019 cuando dirigía la Asamblea Nacional. La Contraloría no presentó pruebas.
Machado no formó parte del Legislativo presidido por Guaidó y se contaba entre sus más feroces críticos.
En Venezuela la inhabilitación política es una pena accesoria que aplica cuando existe una sentencia judicial firme por un hecho punible, cuando además se determina que incurrió en abuso de poder o del cargo, entre otros casos previstos en las leyes locales.
Los críticos del gobierno de Maduro denuncian que la inhabilitación ha sido usada por años como un arma política
Machado está divorciada y tiene tres hijos, Henrique, Ricardo y Ana.
