Vocera interina de la Maccih

El día de ayer se han presentado dos requerimientos fiscales en el caso que hemos llamado “corrupción sobre Ruedas”, el requerimiento penal fue presentado por la Unidad Fiscal Contra la Corrupción y la Impunidad, del Ministerio Público (Ufecic), quien en colaboración activa con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, presentaron una acusación penal ante el juzgado de letras del circuito anticorrupción del Poder Judicial.

Este requerimiento Fiscal, que es el primer caso, ha significado siete meses de investigación, a significado la producción de más de 100 elementos de pruebas, imagínense que solamente el informe preliminar de auditoria forense tiene 500 páginas.

Esta fue una línea de investigación que surgió del ya conocido, caso pandora, en este requerimiento fiscal se formuló acusación contra las siguientes personas, quienes ustedes ya vieron en horas de la mañana, su intervención o su presentación ante los juzgados correspondientes.

El primer acusado, Juan ramón Maradiaga Franco, en su condición de gerente administrativo de Banadesa, por delitos de abuso de autoridad, 17 delitos de fraude y por 39 delitos de uso de documentos públicos falsos, siguiente acusado, David Eduardo Ortiz Handal, en su condición de Gerente financiero de Banadesa, por 17 delitos de Fraude, 39 delitos de uso de documentos públicos falsos.

También ha sido incluido en la acusación, Elmer Jovani Ordóñez Espinal, como autor de 17 delitos de fraude, Carlos Josué Romero Puerto, autor de 17 delitos, Karol Vanessa Alvarado Izaguirre, como cómplice necesaria de 18 delitos de fraude, Claudia Yamila Noriega González, Cómplice necesaria de 17 delitos de fraude, y finalmente, Harvin Edulfo Herrera Carballo, en su condición de Gerente administrativo de casa presidencial como responsable del delito de abuso de autoridad

Queremos destacar que esta acusación ha sido formulada en relación a que nos encontramos frente a ex funcionarios públicos que violando sus deberes de proteger en patrimonio del estado conformaron una estructura para drenar fondos del estado, así tenemos que los funcionarios públicos en este caso son, David Eduardo Ortiz Handal, Juan Ramón Maradiaga Franco y Carlos Josué Romero Puerto, que era coordinador del proyecto tra-banadesa Bono 10,000.

En este caso ustedes han escuchado que se incluye a dos cómplices necesarias, Karol Vanessa Alvarado Izaguirre y Claudia Yamila Noriega González, ambas no participaron en los hechos como funcionarias públicas pero si como testaferros, es decir como particulares que colaboraron con funcionarios públicos para drenar fondos del estado, quienes lo utilizaron y porque nosotros hemos denominado este caso como Corrupción sobre Ruedas.

El primer medio que se utilizó, es el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), el proyecto Bono 10,000, deben recordar ustedes que este fue un convenio suscrito el 19 de mayo del año 2010 entre el Trab y Banadesa, y tenía como objetivo, entregar beneficios, a personas de la tercera edad, juvenil y con discapacidades especiales.

Para esos hechos se utilizó un empresa de fachada, la empresa Servicios e Inversiones AyD, que fue creada por las cómplices necesarias, Karol Vanessa Alvarado Izaguirre y Claudia Yamila Noriega González, para el manejo de fondos que estaban destinados finalmente, de acuerdo a las investigaciones realizad por los equipos integrados, para el financiamiento de campañas políticas, y también para fines personales, el monto que se utilizó entre el 4 de julio del 2013, al 24 de mayo del 2015, consistió en 11, 401, 151 lempiras aproximadamente, con un total de 104 débitos, obviamente estas 104 operaciones no las vamos a detallar porque son demasiado extensas, pero están contenidas en el informe de auditoría contable que hemos referido y que es bastante amplio.

Al finalizar el periodo mencionado, esto es del 19 de mayo del 2014 la cuenta terminó en cero, qué modalidades se utilizaron en este caso? El arrendamiento de vehículos, los acusados, autores y cómplices, se confabularon para crear un esquema, mediante el cual, a través de Banadesa, se utilizaron fondos que estaban destinados para el bono 10,000.

Hicieron contratos simulados de arrendamiento de vehículos, que supuestamente deberían trasladar, a personeros del banco para la distribución de este bono, recuerden ustedes que hace unos años se produjo el asesinato de un funcionario de Banadesa en el ejercicio de sus funciones, entonces esta fue, diríamos, la explicación que se tuvo para utilizar, vehículos blindados, para esto se utilizó, la empresa AYD, y al evaluar la diversa documentación encontrada, se descubrió que en realidad estos vehículos blindados fueron utilizados para trasladar a diversos personeros que iban a trabajar, o que iban a ser utilizados, en la campaña electoral.

Queremos destacar que este servicio y alquiler de los vehículos era pagada por Banadesa, por medio de cheques no negociables, en un monto total de 4,154, 020 lempiras, que supuestamente, era para pagar renta de vehículos blindados para ser utilizados en el proyecto Trab-Banadesa, como repetimos, fueron utilizados para trasladar a aquellas personas que trabajaban en las campañas políticas de aquella época

La segunda modalidad, drenaje de fondos del estado para la campaña política, aquí solamente les voy a dar algunos ejemplos, porque para estos fines se utilizaron más de 6 millones de lempiras, uno de estos ejemplos lo constituye un consumo de alimentación de 700, 500 sándwich, que fueron utilizados el 27 de enero del 2014 en el Estadio Nacional, este pago fue autorizado por Carol Vanesa, sin haber cumplido con todos los requisitos para ser administradora de casa presidencial, y obviamente se hicieron giros a nombre de la empresa AyD, la cual era una empresa de fachada. Estos 700, 500 sándwich, tuvieron un costo de 862, 500 lempiras.

También se habrían utilizados para servicios de publicidad, entre el 30 de octubre al 13 de diciembre del 2013, el congreso nacional emitió tres cheque s que fueron depositados a la cuenta de Ay D, estos ascendieron a una cantidad total de 706, 320, que supuestamente eran para pagar servicios de publicidad, propaganda institucional, y otros eventos especiales del congreso, sin embargo hasta la fecha no se tienen documentos que acrediten que han sido utilizados en esta publicidad oficial.

La empresa de Servicios AyD, giro un cheque por el monto de 700, 000 lempiras, que fue cobrado en efectivo, y fue utilizado para el pago de hospedaje, a los asistentes,  de una convención de un partido político, esta convención se llamaba “Todos por una vida mejor”, que se realizó el 15 de Marzo del 2014 en la ciudad de Comayagua

También otras de las modalidades que se estableció,  a lo largo de esta investigación, es que se realizaron drenaje de fondos públicos para usos personales y se pudo detectar, diversos depósitos que salían desde la cuenta de AyD, a las cuentas personales de Karol Izaguirre, inclusive, se giraron cheques, para pagar su tarjeta de débito.

Los delitos por los que se les ha acusado son 3, pero el delito aquí de mayor relevancia es el fraude, porque aquí se exige que en le funcionario público, que en el cumplimiento de sus funciones, participa en cualquier acto jurídico que tenga el estado, cosa que aquí se pudo advertir, utilizar su condición de funcionarios para favorecer a un tercero, igualmente podemos explicarlo, Y que todo esto sea con el propósito de defraudar al fisco.

El segundo caso está relacionado, y vamos a ver aquí como se produjo este segundo caso, el cual está relacionado al aseguramiento e bienes que se ha solicitado también el día de ayer,  al juzgado de privación de dominio, el cual autorizo el inmediato aseguramiento de bienes, y hoy en la mañana ya se han procedido al aseguramiento de 9 vehículos y una empresa jurídica, a pesar de estar relacionados, son diferentes en la forma de cómo se operó.

En primer lugar  aquí se trató del alquiler ficticio de vehículos que fueron utilizados por algunos funcionarios públicos o por sus familiares,  para su uso personal, los fondos con los que se rentaron estos vehículos, provenían de tres fundaciones o tres  proyectos de bienestar social, del bono 10,000, de la fundación social Funasol, y el proyecto capital semilla.

Este caso se sustenta por las declaraciones de testigos protegidos, el cual cuentan con la garantía de un juez,  nos ayudó a sustentar la información que ya teníamos del caso pandora, que modalidad se utilizaron, ya que no era posible utilizar estos vehículos utilizando estos fondos, para funcionarios públicos, pero si se podía hacer el favor del alquiler.

Un vehículo con placa PDE4483, luego fue traspasado por la empresa rentadora, el 8 de febrero del año 2018,  a la empresa Golden rent a card, ha alquilado este vehículo a casa presidencial, y finalmente el usuario que está utilizando este vehículo es la señorita Andrea Carolina Hernández, este vehículo se pagó con el capital semilla.

Otro vehículo color blanco, fue utilizado inicialmente como vehículo alquilado, un fue traspasado a Carlo Roberto Castillo Andino, quien a su vez lo traspaso a Leni Isabel Martínez Torres, el cual era esposa del entonces presidente de Banadesa, Yoni Handal, ella utilizó este vehículo de placa, PDE9084 para adquirir el vehículo que vemos acá,  y este otro vehículo fue vendido después de cumplir su función a una tercer persona, hoy en día se ha procedido a asegurar este primer vehículo.

También se ha asegurado el Ford Explore de placa PDE 9079 que era utilizado por Gallardo Salgado, en su condición de funcionario de Banadesa seria asignado este vehículo. El vehículo de placa PDM 5759  fue asignado a Marlon Daniel Salgado Méndez, hijo de Gallardo Salgado, y finalmente el vehículo PDE 9085, también fue adquirido, todos fueron adquiridos a través del capital semilla, y finalmente este vehículo que supuestamente estaba arrendado, paso a ser traspasado a la empresa inversiones Evis, de la cual los gerentes son Ana Beatriz Solís, y David Ortiz Hawit, que era el gerente de finanzas de Banadesa.

Por último, la modalidad de adquisición  de estos vehículos, aquí podemos observar otros 4 vehículos, surgen  o fueron pagados por capital semilla,  y sirvieron para beneficiar a personas, como Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, y José Antonio Galdámez Fuentes,  ambos socios de la empresa de la empresa Distribuidora Monters, esta empresa también ha sido asegurada, así ustedes pueden apreciar entonces, en los dos casos que ha presentado a Ufecic- Maccih,  se han utilizados fondos del estado que estaban destinados para las personas más necesitadas, para la adquirió de vehículos para alquiler de vehículos, gastos personales, en fin.

MACCIH ofrecerá hoy conferencia de prensa sobre nuevo caso de corrupción de Honduras