El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se reunieron este martes para revisar las iniciativas de cooperación entre ambos organismos y dialogar sobre las investigaciones a violaciones de derechos humanos en Latinoamérica.
“Reunión hoy con el fiscal Karim Khan para hablar de nuestro compromiso común con los principios del Estatuto de Roma, el interés por fortalecer la rendición de cuentas entre las partes estatales y no estatales; y también revisar las iniciativas de cooperación entre la OEA y la CPI”, informó Almagro a través de sus cuentas en redes sociales.
Este encuentro surge una semana después de que el fiscal británico Karim Khan se negara a aplazar su investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
“Notifiqué a la Sala de Cuestiones Preliminares la solicitud de Venezuela de suspender el procedimiento, así como mi intención de solicitar, lo antes posible, la autorización para reanudar mi investigación”, dijo Khan en un comunicado el jueves pasado. “He comunicado esta decisión porque, tras examinar el fundamento de la solicitud de aplazamiento, he llegado a la conclusión de que no se ha presentado ninguna información nueva que justifique” tal decisión.
La solicitud del régimen de Maduro respondía al procedimiento previsto en el Artículo 18 del Estatuto de Roma por el cual el Estado puede informar a la CPI sobre las pesquisas que está llevando a cabo por los mismos hechos delictivos que pueden constituir crímenes bajo las competencias de este tribunal y solicitar a su vez al fiscal jefe de la CPI que se remita a estas investigaciones.
En noviembre, el fiscal de la CPI anunció junto a Nicolás Maduro en Caracas que pasaba de un examen preliminar abierto en 2018 a una investigación formal. Al mismo tiempo, el CPI y el régimen chavista firmaron un memorando de entendimiento en el que Venezuela se comprometía a tomar medidas para que el CPI pudiese trabajar.
La justicia del régimen chavista acusó y condenó a agentes del orden por la muerte de manifestantes durante las protestas de 2017, pero la oposición venezolana cree que estas medidas solo se tomaron para evitar un juicio ante la CPI.
“La dictadura fracasó en su intento de simular justicia. Confiamos en que no habrá impunidad porque solo así se logrará el resarcimiento a las víctimas y se garantizará la no repetición de los hechos”, escribió en Twiiter Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela.
“Están acostumbrados a una ‘justicia’ a su medida, con instituciones leales a sus planes de control político. La CPI los vuelve a poner en su lugar”, dijo por su parte Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial por la oposición.
