La celebración de la IX Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinomaericanos (CELAC) en Honduras fue algo bueno, en sí mismo. Debe reconocerse. El país no había tenido la oportunidad de coordinar este espacio donde convergen 33 Estados de la región, y en la actual administración se logró.
El cambio en la Presidencia Pro Tempore del mecanismo permitió convocar en Tegucigalpa a líderes importantes de la región. Al margen de lo anterior, como resultado de una cumbre así, suele haber una declaración de los compromisos que adoptan los participantes.
Las normas de procedimiento de la CELAC indican que todas las decisiones deben adoptarse por consenso, básicamente, por unanimidad. Eso no ocurrió. Y no está mal, es un reflejo de la complejidad que implica gestionar los intereses de distintos Estados.
Ante ello lo que tendría que hacerse es modificar las reglas aplicables para tomar decisiones, que ya lo ha propuesto Honduras, y no se ha materializado todavía. Pero tampoco procede querer hacer creer que se pueden imponer los acuerdos, era la CELAC, no el Congreso de Honduras.
La cumbre era una gran oportunidad para abordar el desafío que supone navegar en medio de las medidas económicas impuestas por Trump, y sí que fue objeto de discusión, pero va a seguir siendo un desafío llegar a acuerdos e implementarlos. De todas maneras, la región tiene que comenzar a tratar de abordar estos desafíos conjuntamente más seguido, si quiere tener más impacto de lo que se tiene aisladamente.
Como parte de cómo funciona la política nacional, nuevamente fue un espacio aprovechado para el interés particular y partidario del Gobierno de turno. Cuando entendamos que eventos así son de muy alto nivel, que en una parte se pagan con recursos del Estado y que quienes representan a Honduras lo hacen porque se les eligió para ello y no para hacernos un favor, no se tolerarán comportamientos que nos hagan ver como un país con dirigentes políticos rudimentarios que solo piensan en la próxima campaña electoral.
