Tres niños que son ciudadanos estadounidenses, incluyendo uno con cáncer, fueron deportados a Honduras junto a sus madres, según los abogados de las familias y grupos de defensa de los derechos de los migrantes.
Uno de los niños, que tiene 4 años y padece cáncer en etapa avanzada, fue deportado sin medicación, ni la posibilidad de consultar con sus médicos, a pesar de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) fue notificado con antelación sobre las necesidades médicas urgentes del menor, según informó el abogado de la familia.
El viernes, funcionarios de ICE de Nueva Orleans enviaron desde Luisiana a Honduras a dos madres migrantes indocumentadas y a sus tres hijos estadounidenses, de 2, 4 y 7 años.
Las madres, una de ellas embarazada, habían vivido en Estados Unidos durante varios años.
“La crueldad y la denegación deliberada del acceso legal y médico no solo son ilegales, sino inhumanas”, declaró la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
El zar fronterizo de Donald Trump, Tom Homan, afirmó que las madres habían tomado la decisión de que sus hijos fueran deportados con ellas.
“Tener un hijo ciudadano estadounidense no te hace inmune a nuestras leyes”, declaró, añadiendo que las madres se encontraban en Estados Unidos sin autorización legal.
Homan dijo este lunes que deportar a las familias juntas era mejor que separarlas.
“Mantenemos a las familias unidas”, declaró. “Lo que hicimos fue retirar a los niños con sus madres, quienes solicitaron que se fueran con ellas”.
Homan desestimó el uso de la palabra “deportados” para describir la expulsión de los niños del país.
“No fueron deportados. No deportamos a ciudadanos estadounidenses. Sus padres tomaron esa decisión, no el gobierno de Estados Unidos”, argumentó.
“Sin un proceso formal”
Un juez federal de Luisiana manifestó el viernes su preocupación por la deportación a Honduras de uno de los menores, una bebé ciudadana estadounidense de 2 años, ante la sospecha de que fue realizada “sin un proceso formal” y en contra de la voluntad de su padre, quien había hecho una solicitud de emergencia con el fin de impedir que la niña fuera enviada al extranjero.
“El gobierno sostiene que todo esto está bien porque la madre desea que la niña sea deportada con ella”, escribió el juez Terry A. Doughty. “Pero el tribunal lo desconoce”.
Con el argumento de que “es ilegal e inconstitucional deportar” a un ciudadano estadounidense, el juez Doughty fijó una audiencia para el 16 de mayo para analizar su “fuerte sospecha” de que el gobierno deportó a un ciudadano estadounidense “sin un proceso formal”.
La bebé, nacida en Luisiana y conocida en los documentos judiciales como V.M.L, quedó detenida junto a su madre, Jenny Carolina López Villela, durante una cita en una oficina de migración de Nueva Orleans el 22 de abril, según documentos judiciales.
En una audiencia ante el juez Doughty, los abogados del Departamento de Justicia de EE.UU. afirmaron que ella expresó su voluntad a los funcionarios de ICE de conservar la custodia de V.M.L. y que la bebé se fuera con ella a Honduras.
Homan, en una entrevista con el canal CBS el domingo, afirmó que se aplicó la ley y agregó que la madre de la niña de 2 años “obtuvo el debido proceso a un alto costo para los contribuyentes” y que la orden de deportación fue emitida por un juez después de audiencias judiciales.
El segundo grupo familiar, compuesto por una madre indocumentada y sus dos hijos ciudadanos estadounidenses de 4 y 7 años (el más pequeño padece cáncer), también fue deportado a Honduras el viernes, según informó el abogado de la familia.
Gracie Willis, de la organización Proyecto Nacional de Inmigración, afirmó que las madres, como mínimo, no tuvieron una oportunidad justa de decidir si querían que sus hijos se quedaran en Estados Unidos.
“No les dieron otra opción; estas madres solo tenían la opción de llevarse a sus hijos con ellas a pesar de que había cuidadores disponibles amorosamente en Estados Unidos para mantenerlos aquí”, declaró Willis en una entrevista.
Madres detenidas al acudir a su cita migratoria
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, declaró el domingo que era común que los padres que se enfrentan a la deportación quieran ser deportados con sus hijos, y señaló que la madre de la niña de 2 años había tomado esa decisión.
“Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de proteger a los niños y seguiremos trabajando con las autoridades federales para garantizar su seguridad y protección”, declaró McLaughlin.
Ambas familias fueron detenidas en una de sus visitas programadas a las oficinas de migración. Estaban en el Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva, un programa de libertad condicional que permite a las personas que están en un proceso migratorio permanecer en el país hasta que se resuelvan sus casos.
Donald Trump enfrentó duras críticas durante su primer mandato por una política migratoria que separó a miles de niños de sus padres. En la actualidad, el gobierno ha dicho que no aplicará la misma política de separación familiar.
Estos casos se suman al de una niña estadounidense con cáncer que fue deportada en marzo con su familia a México y quedó sin acceso al tratamiento para su enfermedad, de acuerdo a sus representantes legales.
Los progenitores de la niña, migrantes indocumentados, fueron enviados a México con cinco de sus hijos, ciudadanos estadounidenses por nacimiento.
“Les dieron dos opciones imposibles entre las que elegir: que los menores se quedaran bajo custodia del Estado y quizá no volverlos a ver, o que fueran expulsados del país todos juntos”, le dijo a BBC Mundo Rochelle Garza, presidenta de Texas Civil Rights Project, la organización que les brinda asesoría legal gratuita.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), dicho relato es “inexacto”.
“Cuando alguien recibe órdenes de expulsión aceleradas y decide ignorarlas, se enfrentará a las consecuencias descritas en el proceso de expulsión acelerada para las personas con órdenes de expulsión”, le dijo un portavoz de la CBP a BBC Mundo a través de un comunicado.
Trump ha prometido realizar la “mayor deportación” en la historia estadounidense de migrantes indocumentados.
En los últimos meses, el mandatario ha incrementado los esfuerzos por detener y deportar a quienes no tienen su estatus migratorio regularizado o están en el proceso de conseguirlo.
El plan incluye la expulsión de personas a otras naciones que no son el país de origen de los migrantes, como ha ocurrido con el envío de extranjeros a países como Panamá, Costa Rica y El Salvador.
