A pesar de todos los esfuerzos que desde el Comité Olímpico Internacional se han llevado a cabo por respetar las fechas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, como era el deseo en un país que tiene controlada la crisis del coronavirus, la institución que preside Thomas Bach se ha visto obligada a activar el plan de urgencia.
El Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional se ha fijado un plazo de cuatro semanas para cerrar con Tokio y el Gobierno japonés un nuevo escenario de los Juegos Olímpicos de Tokio debido a la pandemia mundial que ya salpica también a África y Australia y que hace imposible la celebración en las fechas previstas entre el 24 de julio y el 9 de agosto. La cancelación, el hecho de que no se celebren, está descartada por el COI, que aún se resiste a usar el término aplazamiento por un eufemístico: “Vislumbrar los escenarios relacionados con la modificación de los planes operacionales existentes para los Juegos y también para cambios en el inicio de los mismos”.
En ese tiempo récord, el máximo organismo olímpico pretende resolver todos los contratos y barreras legales que rodean a unos Juegos y que son varias, como qué ocurrirá con los futuros habitantes que ya tenían comprados los edificios de la Villa Olímpica tras los Juegos, los seguros, el sobrecoste debido a la persistencia de instalaciones que tenían una caducidad concreta, etc…
Las voces pidiendo un aplazamiento desde federaciones tan importantes como las de atletismo de Gran Bretaña y Estados Unidos o la de natación estadounidense, además de la prohibición de Australia de permitir a sus ciudadanos la salida del país, son condicionantes que pesan en esa decisión. El respeto a Tokio 2020, que tiene todo preparado para hacer unos grandes Juegos como no ha ocurrido en una edición anterior con tanta antelación, hace que el organismo olímpico se haya marcado un calendario récord para alcanzar la solución.
