Por: Gabriel Mendoza
Honduras es un país que día a día se ve duramente golpeado por los embates de la corrupción y la impunidad, donde los incidentes de estos delitos usualmente terminan en primeras planas, pero en muy pocas acciones, a eso se suma un anteproyecto de ley que promete fortalecer la lucha contra estructuras criminales, la Ley de Colaboración Eficaz.
Mediante este mecanismo legislativo, se permitiría que una persona que haya participado en el cometido de un delito pueda tener una reducción o remisión total de la pena a cambio de información real y efectiva.
Esta normativa que promete mucho en hacer efectivo el Estado de derecho fue propuesta en el 2016 por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), pero falló en su consideración durante ambos mandatos de Mauricio Oliva, quien presidió el Congreso Nacional (2014-18 y 2018-22).
Ante el no avance de esta normativa, en el 2017, el exdiputado del Partido Liberal, Osman Aguilar presentó nuevamente el anteproyecto de Ley de Colaboración Eficaz, misma que constaba de 25 artículos.
Es importante mencionar que, esta ley permitiría a fiscales del Ministerio Público establecer acuerdos de colaboración y posibles beneficios con personas que han actuado en hechos delictivos.
Mediante estos acuerdos, el informante deberá brindar hechos relevantes y puntuales con evidencias contra otros implicados iguales o de mayor rango, con lo que se pretende crear redes de investigación que sirvan para la desarticulación de estructuras criminales.
En la actualidad, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, presentó en febrero del 2022, casi el mismo anteproyecto presentado en 2017 por Aguilar, donde esta vez se coordino una comisión multipartidaria de dictamen para considerar lo que implica esta ley.
La comisión fue estructurada por la diputada del Partido Nacional, Tania Pinto; los diputados de Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé y Jari Dixon y del PSH, Tomás Ramírez.
El 16 de junio del año en curso la comisión empezó los trabajos pertinentes luego de que el anteproyecto fuera devuelto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con sus opiniones sobre los artículos.
Sobre estas opiniones, la diputada Pinto mencionó a un medio local que la opinión recibida por la CSJ “fue una opinión favorable, pero la Corte hizo muchas recomendaciones casi en todos los artículos”.
Entre los beneficios que otorga la Ley de Colaboración Eficaz a los informantes o delatores están: la abstención total o parcial de la acción penal, rebaja de la pena o de la condena en su caso, hasta en dos terceras partes, esto conforme a las reglas establecidas en el Código Penal actual.
Asimismo, la suspensión condicional de la persecución penal con la rebaja prevista (dos terceras partes, conforme al Código Penal), libertad condicional cuando el informante haya cumplido la mitad de su pena en casos que la misma sea superior a 15 años de prisión y la extinción de la condena, cuando la rebaja otorgada conlleve el cumplimiento de la pena.
Un camino con muchos obstáculos
A pesar de que el anteproyecto de ley esta siendo encaminado en mayoría por miembros afines al Gobierno de Xiomara Castro, parece ser que aún son muchos los obstáculos a los que la Ley de Colaboración Eficaz tendrá que enfrentarse antes de una posible aprobación.
En su momento, Jari Dixon, quien es el presidente de la comisión multipartidaria encargada de la materia, comentó que “esta va a ser una de las primeras leyes que se van a emitir en los próximos días o semanas”, algo que, hasta la fecha de publicación de esta nota, no ha sucedido.
Mientras que, a la interrogante sobre cuando se someterá a votación ante el Parlamento hondureño, Dixon respondió que “someterlo a votación dependerá del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo”.
Por su parte, la diputada Tania Pinto explicó que “se han revisado 18 (de 25 artículos)”, pero deberán hacer “nuevas anotaciones y reformas de redacción” dentro del documento antes de poder ser presentado.
Asimismo, añadió que la ley “puede generar sentencias injustas, lo cual queremos evitar a toda costa. Tiene que dar la seguridad jurídica necesaria para evitar la vulneración de derechos”.
Mientras que, el jefe de la Unidad Especial Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Santos, señaló que esta es una ley de la cual criminales podrían abusar, por lo que en cualquier caso es necesario que sea evaluada detenidamente.
“Lo otro es la facultad que debe tener el Ministerio Público para poder decidir o para poder llevar el liderazgo en este tipo de negociaciones. Es necesaria la intervención de un juez”, detalló.
“Honduras puede tener la mejor Ley de Colaboración Eficaz de Centroamérica, pero si no hay una Dirección del Programa de Protección a Testigos fortalecida, simplemente se va a quedar en papel”, añadió.
Para Santos esta dirección, “es eficaz para aquellos testigos protegidos de delitos comunes, pero no en aquellos delitos de alto impacto, por lo que se requiere de una flota de vehículos blindados, bienes inmuebles y personal con capacidad de reacción para sacar al beneficiado fuera del país si es necesario”.
Antecedentes de leyes similares
Este tipo de mecanismo ha demostrado ser efectivo en el pasado, donde países como Argentina, Colombia y Brasil la han utilizado para desmantelar monstruosas redes de corrupción y delincuenciales, donde, de no haber sido utilizada esta ley, probablemente no se hubieran logrado capturas de tan alto impacto.
En Argentina, se le denominó “Ley del Arrepentido”, y la cual pretende beneficiar a hechores de actividades delincuenciales y donde una de sus actuaciones principales fue en el caso de dos jóvenes de la provincia de Córdoba en la ciudad de Rio Tercero.
Como parte de este caso, los dos jóvenes, quienes eran “dealers” o vendedores de droga, fueron beneficiados en base a esta Ley para delatar y aportar datos pertinentes para avanzar hacía arriba dentro de una estructura encargada de narcomenudeo.
Los jóvenes, quienes al momento de brindar la información pasaron a la unidad de Protección de Testigos, brindaron nombres, lugares, forma en la que se entregaba la droga, propiedades, teléfonos y contactos que funcionaron para que las autoridades desbaratarán esta red delictiva.
Mientras que el caso más grande y reconocido por como concluyó en el marco de este tipo de legislatura fue en Brasil en el 2014, dentro de la operación “Lava Jato” o “Lavado de Carros”.
Su nombre se deriva debido a que el primer sitio allanado como parte de esta investigación fue el lavadero de carros ubicado en la estación de gasolina “Posto da Torre” en Brasilia.
Se descubrió que, en este lavadero de carros, se realizaban actos de lavado de activos donde se presume que las cantidades que recibían los malhechores oscilaban en 10.000 millones de reales brasileños, mismo que equivale en aproximadamente 2,640 millones de dólares.
Esta acción es considerada por la Policía Federal de Brasil como la mayor investigación de corrupción en la historia del país sudamericano.
Mediante este trabajo fueron sacados de operación cuatro grandes grupos criminales, los cuales estaban dirigidos por Carlos Habib Chater, Alberto Youssef, Nelma Penasso Kodama y Raúl Henrique Srour.
De esta forma, se denota que la Ley de Colaboración Eficaz es un mecanismo cuyo marco legal es beneficioso para el Estado de derecho, algo comprobado por legislaturas similares puestas en marcha en otros países, por lo que habrá que esperar que haya un “ambiente político amigable” para que las bancadas del Parlamento hondureño hagan efectivo este beneficioso mecanismo en la lucha contra la corrupción y el crimen.
