Al ministro de seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez Velásquez, le urge dar por cerrado el caso de 46 reclusas masacradas en la cárcel de máxima seguridad conocida como Támara, ocurrida en junio de 2023. En diciembre pasado, un tribunal condenó a 15 pandilleras por la autoría material de las muertes violentas y el Ministerio Público pidió condenas de hasta 1,200 años. Pero aún hay hilos sueltos, como la participación de la Policía Nacional en la planificación y encubrimiento de aquellos hechos que, en su momento, provocaron la mayor crisis política vivida por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Infobae ha tenido acceso a partes de los expedientes de investigación abiertos por las autoridades hondureñas tras la masacre y, en concreto, a pruebas de balística e informes de la escena del crimen que implican directamente a la Policía Nacional (PN). En uno de esos informes constan, por ejemplo, decenas de fotografías de municiones y armas rescatadas en la escena que están marcados con identificativos policiales.
Un informe preliminar, levantado a pocos días de ocurrida la masacre, da cuenta de que 23 de las 46 mujeres asesinadas tenían balas alojadas en sus cuerpos, y de que el 96% de los casquillos encontrados en la escena son munición asignada a la Policía Nacional (PN). Infobae confirmó la autenticidad de esta información con dos agentes hondureños que estuvieron directamente involucrados en las investigaciones iniciales y con fotografías de las armas y municiones encontradas en Támara el día de la masacre.
De esos testimonios y pruebas se recoge una hipótesis: el liderazgo de la pandilla Barrio 18 en Honduras preparó un golpe contra la MS13, banda rival, en la cárcel de Támara para generar inestabilidad en el sistema penitenciario y poner paro a requisas sorpresas que nuevas autoridades estaban realizando en otras prisiones del país, las cuales habían puesto en riesgo negocios y corrupción atribuidos a los mismos líderes pandilleros en complicidad con las autoridades penitenciarias y policiales.
“La mismísima policía -dijo una de las fuentes a los investigadores- facilitó… Las mujeres coordinaron con policías que les permitieron meter armas y gasolina”, se establece en uno de los informes obtenidos.
La masacre de Támara ocurrió el 20 de junio de 2023. Las pandilleras del Barrio 18 se tomaron un ala de la prisión, prendieron fuego colchonetas, dispararon a 23 mujeres y las quemaron a todas, 46 en total. Desde las primeras horas de la mañana, personal civil destacado en la cárcel, cuyo nombre oficial es Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), había enviado alertas privadas de que pasaba “algo raro”.
Cuando en enero pasado el MP pidió penas de entre mil y 1,200 años de cárcel para las pandilleras condenadas, la justicia hondureña dio por cerrado el caso. Gustavo Sánchez Velásquez, quien cuando ocurrió la masacre era director de la policía y luego fue nombrado ministro de seguridad por la presidenta Castro, había dado por enterrado el tema a finales de 2023, un año antes de la resolución judicial, cuando dijo que solo 15 pandilleras habían participado en la planificación de la matanza.
Al decir aquello, Sánchez Velásquez no tomaba en cuenta los reportes que sus propios investigadores le pasaban, en los que constaba el uso de munición policial y testimonios de informantes dentro de las cárceles que, semanas antes de la masacre, habían advertido de que en Támara se escuchaba que se preparaba “algo grande” y, en informes posteriores, que habían sido policías quienes entregaron armas y gasolina a las pandilleras.
Vendetta pandillera tolerada por la policía
La inteligencia penitenciaria recogida después de la matanza da cuenta de que esta fue planificada por tres líderes del Barrio 18 conocidos por sus alias de El Cuervo, El Pechocho y Lucifer. La idea inicial, de acuerdo con esa información, era dar un golpe más pequeño, matar solo a un puñado de reclusas de la MS13 en un ambiente controlado, con el fin de provocar inestabilidad en el sistema penitenciario hondureño. Ese plan ya contaba con la complicidad de policías y de guardias y empleados penitenciaros.
“El Barrio 18 dio una orden de provocar unas cuantas muertes de rivales de la MS13 para generar un escándalo. Iban a coordinarlo también con policías que entregaran armas y gasolina. A lo interno (en la cárcel femenina de Támara) lo coordinaron con una pandillera a la que llaman La Saico; le dijeron que matara y que hiciera un ‘vergueo’ (una revuelta)”, dijo a Infobae uno de los agentes hondureños que participó en la elaboración del informe y quien como la mayoría de los oficiales consultados para esta nota hablaron con condición de anonimato por razones de seguridad o por no estar autorizados por ley a comentar en público investigaciones aún abiertas.
“La Saico” es Claudia María Lemus Aceituno, una de las 12 pandilleras ya condenadas por la justicia hondureña, y para quien el MP ha pedido 1,268 años de cárcel.
Los supuestos instigadores de la matanza fueron Mario René Castillo Ávila, alias El Cuervo; Norlin Alcides Ardón Varela, alias Lucifer; y José Virgilio Sánchez Montoya, alias Pechocho. El último, Pechocho, fue uno de los líderes más visibles del Barrio 18 en Honduras desde principios de la década pasada. Pero fue Lucifer, de acuerdo con un informe de inteligencia elaborado por el Instituto Nacional Penitenciario de Honduras (INP), el que cultivó contacto con una agente del Estado en Támara que sirvió a los líderes de la 18 para llevar adelante el plan.
Un extenso informe del INP, escrito después de la masacre y etiquetado como INFOINTE-AOINP-01-2023, da cuenta en uno de sus apartados de la relación del Barrio 18 con miembros del personal penitenciario. El reporte dice que una agente identificada como Marlen Sobeyda Ariano López, “ingresó armas para facilitar la masacre”. La agente Ariano tiene dos hijos con un miembro del Barrio 18 identificado como Elvin Ramón Martínez Castillo, quien fue compañero de celda de “Lucifer”, uno de los supuestos planificadores de la matanza de mujeres en Támara. “Ella ingresaba a la Celda del ‘Lusifer’ (sic) para ofrecerle su apoyo”, dice el informe.
Una fuente cercana al Ministerio Público de Honduras confirmó que la investigación por la masacre arrojó indicios sobre la participación de los líderes del Barrio 18, pero no aclaró si estas pistas se incluyeron en el caso judicial contra las pandilleras que ya fueron condenadas.
