La denominada “silla vacía” ha sido señalada como una de las prácticas que habrían impactado el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en medio del proceso electoral, según lo expuesto ante el pleno legislativo.
El diputado liberal y miembro de la comisión especial de juicio político, Alberto Cruz, sostuvo que las ausencias dentro de los órganos electorales no fueron hechos aislados, sino parte de una dinámica con efectos directos en la operatividad institucional.
De acuerdo con su exposición “lo que sucedió en el proceso electoral fueron hechos sistemáticos y premeditados que hemos identificado como comisión para entorpecer el proceso electoral”, con lo que describió una supuesta estrategia detrás de las inasistencias.
Cruz explicó que la mecánica de la llamada “silla vacía” consistía en aprovechar el efecto que genera la falta de quórum, lo que impedía la toma de decisiones dentro de los entes electorales y paralizaba su funcionamiento.
En ese sentido, afirmó que “los altos funcionarios sabían que una silla vacía rompe el quórum; sabían que rompiendo el quórum rompen la continuidad del ente electoral y paralizan un calendario en el CNE y la administración de justicia en el TJE”, al detallar el impacto de las ausencias.
Según lo expuesto por la comisión, esta situación habría tenido dos etapas dentro del proceso electoral, afectando tanto la fase previa a los comicios generales como el periodo posterior a su realización.
Cruz fue enfático al señalar esta división temporal aseverando que “la etapa antes del 30 de noviembre era una intención clara de evitar que haya elecciones; la trama después del 30 de noviembre tenía una intención clara de evitar la declaratoria de resultados”.
Finalmente, el informe sostiene que la llamada “silla vacía” no habría sido un fenómeno aislado, sino un patrón que, según la comisión, habría influido en el funcionamiento general del sistema electoral.
“El nudo” que buscaba unir a distintas instituciones a la “silla vacía”
El diputado Alberto Cruz amplió su exposición ante el pleno legislativo al señalar que la estrategia atribuida dentro del proceso electoral habría tenido un alcance institucional mucho más amplio, involucrando a diferentes entidades del Estado en lo que describió como una red de acciones coordinadas.
Según su planteamiento, en este entramado habrían participado instituciones como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República (PGR), las Fuerzas Armadas y otras dependencias vinculadas al proceso administrativo y electoral, lo que a su juicio evidenciaría una articulación de mayor escala.
En ese contexto, dijo que “se sorprenderá el pueblo hondureño: se confabuló hasta La Gaceta, que se negaba a publicar resoluciones administrativas de los entes electorales”, con lo que señaló un supuesto bloqueo en la divulgación oficial de decisiones.
El legislador explicó que, tras agotarse la dinámica de ausencias que impedían el funcionamiento regular de los entes electorales, la estrategia habría evolucionado hacia una fase distinta con acciones más directas.
“Una vez que esta silla vacía ya no servía como estrategia, pasaron a la persecución penal, el acoso y el hostigamiento”, expresó Cruz al describir lo que consideró un cambio en la forma de presión institucional.
Añadió que esta etapa habría impactado no solo a las autoridades electorales, sino también a equipos técnicos y personal de apoyo, quienes, según su versión, habrían enfrentado situaciones de presión y desplazamiento.
El diputado también cuestionó las ausencias dentro del TJE, señalando que los funcionarios debían cumplir con los procedimientos establecidos aun en desacuerdo, mediante votos razonados y no abandonando las sesiones.
