El vaivén político para elegir a la persona que presidiría el Consejo Nacional Electoral (CNE) es una ilustración vivida de la política hondureña. Lo que parecía ser un acuerdo seguro para que el Partido Libre se quedara con la presidencia del CNE en las elecciones generales, derivó en un revés político que permitió una articulación de la oposición política y un oxígeno para los contrapesos políticos en el país.
Como este servidor ha mencionado en anteriores escritos, las posturas que vemos hoy en los partidos políticos, dependen de qué lado de la cancha están los jugadores en este momento. Lo que antes era una postura del Partido Libre con un componente más social y basada en el diálogo, ahora con su estancia en el poder la ha transformado en impositiva y sectaria. En la oposición tampoco hay santos, quienes antes trabajaban sobre la base de la imposición y la arbitrariedad, ahora fundamentan sus decisiones “en la Constitución y en las leyes”.
No se trata de señalar absolutamente a unos, y exhimir a otros, sencillamente de entender el por qué de los comportamientos respectivos en la coyuntura del momento. Sin duda que la presidencia del CNE en manos de dos personas con la moderación política suficiente permitirá un equilibrio que será necesario para las elecciones primarias y generales. Sin embargo, los desafíos para el CNE apenas comienzan, con partidos políticos que ven en la institución, no un gestor de elecciones, sino un defensor de posturas partidarias, y con una ciudadanía expectante y ansiosa de ver una entidad que responda a intereses ciudadanos.
Por lo menos hoy ha quedado claro, nuevamente, que la imposición no es sostenible. No lo fue en el pasado para el Partido nacional, y con Libre hoy tampoco lo es. Es cierto, controlar la presidencia del CNE permite gestionar una parte importante de cómo funciona la institución encargada de organizar las elecciones. Pero ni siquiera eso puede contrarrestar el peso de la voluntad popular. Lo que toca ahora es acompañar al CNE para que saque adelante dos procesos electorales trascendentales para el país, y señalar aquellas actitudes que distorsionan la naturaleza de la institución y la vuelven botín de candidatos o partidos políticos. El resto, que lo decida el soberano.
