La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó este martes su “profunda preocupación” ante la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, quien fue arrestada bajo acusaciones de la Fiscalía de Venezuela de haber participado en un supuesto intento de conspiración contra el presidente Nicolás Maduro y otros cargos del Gobierno venezolano.
“El Gobierno de Venezuela debe proporcionar información sobre el paradero no solo de San Miguel y su hija, Miranda, sino de todos los detenidos cuyos lugares de detención aún se desconocen”, señaló Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Investigación de la Oficina del ACNUDH en Venezuela.
“Corresponde al Gobierno abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional penal”, agregó.
Por otro lado, el Coordinador de Comunicación Estratégica del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, expresó también este martes su “profunda preocupación” por la detención de San Miguel y urgió al presidente Nicolás Maduro y al gobierno venezolano a cumplir con los acuerdos alcanzados en otoño del año pasado para mejorar la democracia en Venezuela.
El lunes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo en su cuenta de X que Rocío San Miguel, su expareja Alejandro González y otras cuatro personas están en su audiencia judicial de presentación por su presunta vinculación con el caso “Brazalete blanco”, una de las supuestas cinco conspiraciones que investiga la Fiscalía en conexión con un presunto intento de magnicidio.
San Miguel fue detenida el viernes 9 de febrero por las autoridades venezolanas por su presunta vinculación con el caso “Brazalete blanco”. La Fiscalía difundió la existencia del caso a finales de enero, aunque no reveló qué pruebas tenía al respecto. La detención ocurrió cuando San Miguel se encontraba con su hija Miranda Díaz San Miguel en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
Tras las declaraciones de Saab el lunes, la defensa técnica de Rocío San Miguel se pronunció este martes mediante un comunicado asegurando que la información ofrecida por el Ministerio Público venezolano a través de sus redes sociales es escueta y que aún deben realizar gestiones en tribunales para conocer detalles sobre dicho acto procesal.
La defensa destacó que, durante la mencionada audiencia, San Miguel “no contó con abogados de su confianza que garantizaran el derecho a la asistencia legal” y dejan claro que se trata de un derecho establecido en la constitución venezolana en su artículo 44.
Además, precisó que San Miguel -experta en seguridad, defensa de la nación y presidenta de la ONG Control Ciudadano- suma más de 100 horas incomunicada, al igual que las otras cinco personas detenidas.
