Varias agencias de las Naciones Unidas pidieron este lunes a las autoridades de Perú que deroguen la ley que incluye como sujetos imputables a los adolescentes de 16 y 17 años que hayan cometido delitos como sicariato, extorsión y homicidio calificado, recientemente promulgada por el Ejecutivo.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Oficina contra las Drogas y el Delito (UNODC) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) expresaron en un comunicado su rechazo hacia la Ley 32330, que reduce la edad de responsabilidad penal a 16 años en Perú.
«Instamos a los poderes del Estado a considerar la derogación de la ley recientemente promulgada y a dotar de recursos técnicos y económicos al sistema de justicia penal juvenil como vía afectiva para abordar los hechos de violencia que afectan la seguridad ciudadana y garantizar la prevención y reinserción social de los adolescentes que cometen delitos», expresaron.
Indicaron que esta norma resulta contraria a la Convención sobre los derechos del niño, un instrumento internacional que reconoce derechos humanos a niñas, niños y adolescente, y que Perú ha suscrito y por lo tanto está obligado a respetar.
«Estadísticas oficiales demuestran que el 98 % de los casos de criminalidad registrados son cometidos por adultos. Por tanto, la medida adoptada no será significativa en la reducción de la inseguridad y criminalidad que afecta al país», agregaron.
También consideraron que la nueva norma acrecienta el riesgo de que los adolescentes cumplan penas junto con adultos, y lejos de lograr la rehabilitación social, el entorno los influencie para continuar una trayectoria criminal.
«Compartimos la preocupación por el deterioro de la seguridad ciudadana y nos solidarizamos con la sociedad peruana en su conjunto y en especial con las familias afectadas por la violencia», concluyeron.
Rechazo en Perú
El Gobierno de Perú promulgó este sábado esta norma, que también rechazó por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
La ley, que aprobó por el Congreso, modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, declarando imputables penalmente a los adolescentes de 16 y 17 años que cometan asesinato, extorsión, violación sexual, entre otros delitos graves.
Durante el primer debate en el Congreso de la norma, el parlamentario fujimorista y exministro del Interior Fernando Rospigliosi consideró «indispensable» la aprobación de la iniciativa ya que, según dijo, la Policía sabe que las bandas criminales reclutan a jóvenes de 16 y 17 años para que cometan delitos muy graves.
Tras la promulgación de la nueva norma, el Poder Judicial emitió un comunicado en el que rechazó «esta ley por considerarla incompatible con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos».
El Ministerio Público también expresó su rechazo a la ley y destacó que en Perú «ya existe un sistema de tratamientos a los adolescentes que infringen la ley penal».
