La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha expresado su apoyo al presidente peruano, Pedro Castillo, y ha anunciado que enviará a una delegación “de alto nivel” para analizar la situación democrática de Perú.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) había programado una sesión extraordinaria para este jueves con el fin de abordar la solicitud del Gobierno peruano para activar la Carta Democrática.
En este sentido, la organización ha expresado “su solidaridad y respaldo al Gobierno democráticamente electo de la República del Perú, así como a la preservación de la institucionalidad democrática”, según ha dicho en un comunicado publicado en su perfil oficial de Twitter.
Castillo había pedido previamente ayuda al organismo para preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio de poder, alegando que la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía en su contra es “una nueva modalidad de golpe de Estado”.
El Ejecutivo peruano había solicitado formalmente al OEA la activación de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática con la que el organismo interamericano puede brindar asistencia cuando “el Gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder”.
El OEA ha expresado, tras esta petición por parte del Ejecutivo peruano, su “apoyo y cooperación” a Lima. Así, ha hecho un llamamiento a todos los actores políticos en el país “para que sus acciones se enmarquen en el respeto al Estado de derecho”.
Esta petición por parte del presidente peruano tiene lugar una semana después de que la fiscal general del Estado presentase ante el Congreso una acusación constitucional contra Castillo inculpándolo de corrupción.
Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Silva, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
