El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala, liderado por Consuelo Porras, aseguró este viernes que las elecciones ganadas este año por el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, no son válidas por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral. Esta decisión fue condenada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Fiscalía, a quien Arévalo de León acusó en septiembre pasado de llevar a cabo un “golpe de Estado” en su contra, indicó que las actas electorales utilizadas en los comicios “son nulas de pleno derecho” ya que “no fueron autorizadas” inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral.
La presunta invalidación de los resultados electorales fue presentada por la fiscal Leonor Morales, en rueda de prensa, quien dijo que deben quedar anuladas las elecciones de presidente, diputados, alcalde y diputados al Parlamento Centroamericano.
Como presunta razón para la anulación de las elecciones, Morales afirmó que existe una irregularidad administrativa ya que las actas electorales utilizadas no son las aprobadas originalmente por el Tribunal Supremo Electoral.
“Los formatos utilizados no fueron los aprobados por el pleno de magistrados”, aseveró Morales, quien añadió que las votaciones “son nulas de pleno derecho”.
La abogada y diputada electa del Movimiento Semilla, Andrea Zeceña, advirtió en sus redes sociales que el Ministerio Público “no tiene ninguna autoridad” para declarar como nulas las elecciones.
Según la fiscalía Arévalo tenía conocimiento de las falsificaciones de firmas cuando se creó la fuerza política que lo llevó a ganar la presidencia y también busca investigarlo por presuntamente no registrar los ingresos al partido.
La fiscalía también solicitó dos acciones para retirar la inmunidad del diputado Samuel Pérez, jefe de la bancada del partido, bajo las mismas acusaciones.
Con estas dos acciones suman tres las solicitudes de retiro de la inmunidad de Arévalo. La primera fue por la publicación de mensajes en la red social X, antes llamada Twitter, en los que apoyaba la toma de una universidad por parte de estudiantes que protestaban por la elección del rector.
La Fiscalía mantiene una arremetida contra el proceso electoral, Arévalo y el Movimiento Semilla, así como contra unos 150.000 ciudadanos que recibieron, contaron y resguardaron los votos de las elecciones generales.
