La dictadura de Nicaragua ordenó la confiscación de “todos los bienes inmuebles” de 222 opositores excarcelados y deportados a Estados Unidos el 9 de febrero, a través de una sentencia del Tribunal de Apelaciones divulgada este viernes en Managua.
El fallo tiene fecha del 19 de mayo, pero fue dado a conocer en esta fecha en que se cumplen cuatro meses de la excarcelación y destierro forzado de los 222 presos políticos, entre ellos siete ex aspirantes a la presidencia, abogados, ex guerrilleros sandinistas, defensores de derechos humanos y periodistas críticos al régimen de Daniel Ortega.
Según el texto judicial, los ex prisioneros fueron declarados “traidores a la patria”, despojados de su nacionalidad y deportados de su país, tras ser condenados por “cometer actos de menoscabar la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo” y por “incitar a la violencia, el terrorismo y la desestabilización económica”.
La sentencia de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones ordena “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles que los condenados tengan inscritos” en los registros públicos, “en su carácter personal o jurídico”.
Además de las propiedades, se les confiscarán “todas las acciones y sociedades mercantiles” que puedan poseer, “para que respondan por los delitos cometidos y con el propósito de garantizar la paz social, la independencia, la soberanía (y) la autodeterminación del Estado de Nicaragua”, señaló el informe oficial.
