La deportación de Cristy Maryori Villafranca Trejo hacia Honduras, ejecutada el 24 de agosto, se suma a una ofensiva migratoria que ya alcanzó a más de 50 parientes de uniformados en servicio activo.
“No es una amenaza para nadie. Solo intentamos mantener a nuestra familia unida”. La frase del sargento del Ejército Hedar Leonel Turcios Juárez, recogida por ABC News, quedó suspendida entre dos vuelos: el que no logró impedir y el que terminó por separar a su familia.
La deportación sin aviso que partió a una familia militar
A las 3:40 de la madrugada del martes, el teléfono sonó en la casa de Turcios. Su esposa, Cristy Maryori Villafranca Trejo, madre de su hija de seis años, estaba a bordo de un avión rumbo a Honduras.
Era la segunda vez que intentaban deportarla. El 17 de agosto, Turcios aún pudo frenar la expulsión con documentos que mostraban que el caso migratorio de su esposa seguía abierto.
El 24 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó por escrito la expulsión: “Cristy Maryori Villafranca-Trejo fue removida de los Estados Unidos conforme a nuestras leyes”. Según una nota publicada en ABC News precisó que Villafranca había ingresado de forma irregular en 2016, a los dieciocho años, y fue liberada entonces bajo la administración Obama.
Había una orden de deportación emitida en 2017 por un juez de inmigración, consecuencia de una audiencia a la que la pareja nunca fue notificada.
Turcios asegura que ambos supieron de esa orden recién en 2022, cuando iniciaron el trámite de residencia permanente tras casarse.
La moción para reabrir el caso fue denegada en mayo. Una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración seguía pendiente. Villafranca esperaba hacía un año una respuesta sobre su solicitud de parole militar, el mecanismo para regularizar a familiares directos de militares en activo.
Turcios quedó al frente de su hija de seis años, quien presenció la detención de su madre el 11 de julio frente a un Walmart cerca de la base de Fort Bliss, Texas.
El contexto legal y el cambio de política migratoria
La expulsión de Villafranca Trejo ocurrió bajo una política vigente desde abril de 2025: el servicio militar de un familiar no exime de las consecuencias por violar las leyes migratorias. Consultado por ABC News un caso similar, el DHS respondió: “Tener un familiar en el Ejército no es un pase libre para violar las leyes de la nación”.
Entre el 20 de enero de 2025 y el 26 de enero de 2026, las autoridades migratorias detuvieron a 125 veteranos militares y más de 150 familiares directos, según una carta interna del DHS dirigida a senadores demócratas. El gobierno federal no lleva un registro sistemático de familias de militares en activo afectadas.
