Hoy Perú vive un evento político que a la luz de otros países podría parecer insólito: el presidente Martín Vizcarra se sentará en el banquillo del Congreso para una posible destitución por “incapacidad moral”. Sin embargo, en el país suramericano es más bien frecuente que un mandatario sea acusado de corrupción. De prosperar el proceso, que ni la pandemia pudo contener, la salida del cargo se sumaría a las dos mociones de censura a las que se enfrentó su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski, y los líos judiciales de otros tres expresidentes.
La única carta disponible que tenía Vizcarra para salvarse era solicitarle una medida cautelar al Tribunal Supremo para que detuviera la acusación, pero el organismo fue determinante y afirmó que no hay vuelta atrás y
que se tendrá que someter a juicio político. “Por cinco votos contra dos, se ha decidido rechazar la medida cautelar planteada por el Ejecutivo”, anunció Marianella Ledesma, presidenta de la alta Corte.
Además, Ledesma aseguró que los siete magistrados de la Corte, cuyos fallos son inapelables, no concedieron la medida cautelar porque “a la luz de las declaraciones de líderes políticos, el riesgo de que suceda la vacancia del mandatario se ha debilitado y no hay una urgencia manifiesta”.
“Es un complot contra la democracia”, afirmó el presidente, quien cuenta con altos niveles de popularidad desde que asumió el poder en 2018, pero que gobierna con un Congreso liderado por la oposición. En esta ocasión, pusieron la lupa en la contratación que se hizo desde el gobierno del cantante Richard Swing Cisneros, a raíz de unos audios presentados por el opositor Édgar Alarcón, en los que se escucharía al mandatario instigar a dos colaboradoras a mentir ante los investigadores.
