La Corte Suprema rusa que responde al presidente Vladimir Putin ordenó este martes el cierre de la organización Memorial International, emblema de la sociedad civil por su defensa de los libertades civiles y su papel como custodio de la historia de las víctimas del Gulag soviético.
“La decisión es cerrar Memorial International y sus filiales regionales”, anunció la ONG en su cuenta Telegram. Justo antes, la jueza Alla Nazarova dijo que aceptaba “la demanda de la fiscalía” de disolver a la organización. Nazarova ha ordenado que “se satisfaga la petición de la Fiscalía sobre la liquidación de Memorial”, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. El tribunal sólo ha anunciado la parte operativa de la decisión, sin desvelar los argumentos de la misma.
La decisión contra Memorial, que tiene un gran prestigio afuera de Rusia, se enmarca en la represión contra quienes critican al Kremlin que se ha acelerado en 2021, año en el que se ha visto el cierre de medios independientes y oenegés y el desmantelamiento del movimiento del opositor encarcelado Alexéi Navalni.
“Es una decisión nefasta, injusta”, reaccionó la abogada de la defensa, Maria Eismont. “Cerrar Memorial International devuelve a Rusia a su pasado y aumenta el peligro de (nuevas) represiones”, había estimado antes ante el tribunal.
La fiscalía pidió a principios de noviembre la disolución de Memorial International, la estructura clave que coordina la red de la organización en Rusia, acusándola de haber infringido “de manera sistemática” las obligaciones de su condición de “agente del extranjero”.
Esta etiqueta, que recuerda la de “enemigo del pueblo” durante la Unión Soviética, señala a las organizaciones reconocidas culpables de actuar contra los intereses de Moscú recibiendo fondos extranjeros.
Todos los que son calificados de este modo deben indicar su condición de “agente del extranjero” en todas sus publicaciones, so pena de duras multas, y someterse a pesados procedimientos administrativos. En paralelo, en otro caso judicial, la fiscalía exige el cierre del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de Memorial, acusado de apología “del terrorismo y del extremismo”, además de violaciones de la ley sobre los “agentes del extranjero”.
