Mientras una fuerte oleada de protestas sacude las calles colombianas en rechazo a la gestión económica del Gobierno y a la brutalidad policial, la Corte Suprema de Justicia del país dicta un fallo de proporciones históricas para proteger, precisamente, el derecho de la ciudadanía a las manifestaciones pacíficas.
El texto del tribunal administra al Gobierno de la nación un correctivo jurídico sin precedentes, mediante el que obliga al Ejecutivo de Iván Duque a desplegar varias medidas, tales como una reestructuración general del uso de la fuerza o la suspensión del uso las escopetas de calibre 12 por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
El fallo también exhorta al ministro colombiano de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a pedir disculpas públicamente por los excesos cometidos en la represión de las protestas derivadas del Paro Nacional del año pasado, en las que al menos tres personas fallecieron en disturbios con el Esmad.La Corte Suprema otorga al ministro un plazo de 48 horas para cumplir este mandato.
Los magistrados expresan en su escrito que “una Nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo–enemigo; izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz”. Según el tribunal, las autoridades deben entender las protestas como “la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo, el consenso y la reconstrucción no violenta del Estado Constitucional de Derecho”.
Un “uso equivocado de la fuerza”
El pronunciamiento de la más alta instancia judicial de Colombia deriva de una tutela presentada por varios ciudadanos, que denunciaron que las fuerzas de seguridad estatales cometen “sistemáticas agresiones” que amenazan su derecho a manifestarse y a cuestionar pacíficamente al Gobierno.
En dicha tutela, admitida por la Sala de Casación Civil de laCorte Suprema, los firmantes denuncian que desde el año 2005 el Estado se ha enfrentado a los manifestantes con persistentes intentos de “socavar, desestimular y debilitar su derecho a expresarse sin temor”.
El reciente fallo del alto tribunal les da la razón, al admitir que el Estado incurre de manera sistemática en un “uso equivocado de la fuerza para controlar las movilizaciones”, en el que destaca la desproporción con el uso de armas letales y químicas, así como las “detenciones ilegales arbitrarias” de ciudadanos que ejercen su derecho a la manifestación.
“Hay falencias e incapacidad en las instituciones encargadas de mantener el orden público interno, para usar, de forma racional y moderada, las armas de la República, al punto que generan un temor fundado para quienes desean manifestarse pacíficamente”, dice textualmente la sentencia.
La Corte Suprema ha alcanzado esta conclusión “luego de aplicar un test de sistematicidad a diversos episodios registrados en las principales ciudades del país y denunciados en la acción de tutela”, según explica la institución en un comunicado.
Contexto agitado
Esta sentencia constituye, por el momento en que se produce, un importante toque de atención a las fuerzas policiales que se enfrentan a un resurgir de las protestas en el país.
De hecho, a lo largo de las últimas semanas se han dado en Colombia abundantes ejemplos del “uso equivocado de la fuerza” al que se refiere la Corte Suprema: desde la detención y homicidio del abogado Javier Ordóñez (que ha contribuido a inflamar la protesta hasta convertirse en uno de sus motivos principales) hasta los diferentes episodios aislados de agresiones contra manifestantes, en ocasiones con armas de fuego.
Sin embargo, el reciente dictamen de la Corte Suprema no recoge ni se refiere a estos últimos hechos, ya que la tutela que lo ha motivado fue presentada con anterioridad a los mismos.
