La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, con sede en San Salvador, pidió que se respete la integridad de los jesuitas en Nicaragua y denunció en un comunicado que “continúa la agresión injustificada” contra esta congregación.
La Provincia, tras conocerse la cancelación de la personería jurídica de la Compañía de Jesús de Nicaragua, pidió “a la pareja presidencial” que “cese la represión” y “respete la libertad y total integridad de los jesuitas y las personas que colaboran con ellos o con las que ellos colaboran”.
Señaló al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, de estar, por lo menos, “impidiendo existan condiciones de independencia y neutralidad del poder judicial”.
La Provincia Centroamericana indicó que la decisión del Ministerio de Gobernación también “estableció que la Procuraduría General de la República traspase al Estado los bienes inmuebles y muebles” de la Compañía de Jesús Nicaragua.
“La decisión se tomó sin que conste se hayan realizado los procedimientos administrativos establecidos por ley. Como sucedió en la mayoría de los más de tres mil casos similares de cancelación de personería jurídica llevados a cabo por el régimen desde el 2018″, agregó.
Lamentó que “este acuerdo se llevó a cabo sin dar oportunidad a la legítima defensa por parte de los Jesuitas y sin que haya una instancia judicial imparcial que juzgue y frene estos abusos de autoridad totalmente injustificados y arbitrarios”.
La Provincia condenó “esta nueva agresión en contra de los jesuitas de Nicaragua” y “la considera enmarcada en un contexto nacional de represión”, lo que confirma que el país “está encaminado al pleno establecimiento de un régimen totalitario”.
Las relaciones del régimen de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcados por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
El papa Francisco tildó de “dictadura grosera” al régimen sandinista en una entrevista con Infobae, señalando “un desequilibrio de la persona que dirige” el país centroamericano.
El régimen ya había confiscado previamente la UCA y viviendas de religiosos. A ojos del régimen de Daniel Ortega, la universidad se había convertido en “un centro de terroristas”, una acusación que se enmarca en la persecución a la Iglesia católica, iniciada tras las protestas de 2018.
