Tras seis meses de trabajos y casi 70 audiencias, la comisión parlamentaria que investigó la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Brasil votó este martes a favor del informe final, en el que acusa al presidente Jair Bolsonaro de “crímenes contra la humanidad”, entre otros graves delitos.
La votación resultó 7 a 4 en favor de avanzar con las imputaciones contra el mandatario y otros funcionarios del gobierno, por sus acciones y omisiones durante la crisis sanitaria del coronavirus.
El documento, con más de 1.288 páginas, considera que Bolsonaro tuvo responsabilidad en los delitos de “epidemia con resultado de muerte; infracción de medidas sanitarias preventivas; empleo irregular de fondos públicos; incitación al delito; falsificación de documentos privados; curanderismo; crimen de prevaricación; crimen contra la humanidad y delito de responsabilidad”.
Este martes, en el último momento, los senadores también incluyeron en el informe final “suspender hasta nueva orden” al presidente las redes sociales, después de que este vinculase falsamente en una retransmisión en directo a los vacunados contra el coronavirus con la posibilidad de desarrollar el sida.
Los comentarios del mandatario llevaron a Facebook e Instagram a eliminar el video y a la plataforma YouTube a suspender por una semana las actividades del canal de Bolsonaro, que tiene más de 3,5 millones de suscriptores.
La comisión responsabiliza a dos empresas y a un total de 79 personas, entre ellas, además de Bolsonaro, a tres de sus hijos, a ministros, exministros, diputados, médicos y empresarios por la gestión de la pandemia, que ha dejado más de 605.000 muertes y más de 21,7 millones de personas contagiadas.
Apoyos en el Congreso
En el texto se detallan cuestiones como el atraso en la adquisición de vacunas y la sucesiva falta de respuesta a los fabricantes, que desde 2020 intentaban vender el inmunizante contra el covid-19 al Gobierno brasileño.
En estos meses, los senadores investigaron el colapso de salud pública en la Amazonía; la existencia de un gabinete paralelo que asesoraba al Gobierno; las supuestas irregularidades en un contrato de compra de la vacuna india Covaxin, que nunca se llegó a efectuar o la denuncia de que la red hospitalaria Prevent Senior recetó a sus pacientes medicamentos sin eficacia científica comprobada y maquilló las cifras de fallecidos.
La comisión no tiene poder de denuncia, pero mandará el informe a diferentes órganos para que prosigan las investigaciones, como la Fiscalía General, el Tribunal de Cuentas o una corte internacional.
En el caso de Bolsonaro, las denuncias se presentarán ante el fiscal general de la República, Augusto Aras, uno de los aliados del presidente, y que cuenta con potestad para entablar acciones penales contra él. Aras tendrá 30 días para presentar las denuncias ante el Supremo Tribunal Federal (STF), pero puede optar por archivar el caso.
Sin embargo, los expertos concuerdan en que Bolsonaro sigue contando con muchos apoyos en el Congreso y que será poco probable que las denuncias le afecten a nivel judicial. El mayor impacto será de cara a las elecciones presidenciales de 2022, ya que se verá afectada su ya desgastada popularidad, que se encuentra en su nivel más bajo desde que llegó al poder.
