La Casa Blanca extenderá los Programas de Protección Temporal (TPS) de tres países centroamericanos y uno de Asia como parte de los esfuerzos de la administración de Joe Biden para proteger de la deportación a unos 337,000 indocumentados, algunos de los cuales llevan décadas en Estados Unidos.
“Ya fuimos notificados que el gobierno extenderá las protecciones de los TPS de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal”, dijo a Univision Noticias Gustavo Torres, director ejecutivo de la organización CASA de Maryland y quien se encontraba este martes en el interior de la Casa Blanca en un evento al que asisten hijos estadounidenses de titulares del programa.
“Definitivamente es lamentable que el gobierno solo haya extendido las protecciones de los TPS originales y no haya emitido nuevos, para de esa forma cambiar la fecha de registro y permitir que más personas sean protegidas de la deportación”, agregó el activista.
CASA de Maryland señaló que los cuatro TPS en cuestión protegen de la deportación a unos 337,000 inmigrantes indocumentados “a quienes en 2018 el expresidente Donald Trump les quitó los amparos (para) expulsarlos del país”.
Los programas siguen vigentes tras el fallo de un tribunal que consideró “arbitrarias” y “caprichosas” y bloqueó las cancelaciones ordenadas por el entonces gobierno de Trump, argumentando no se hicieron conforme la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, entre ellas CASA de Maryland, y legisladores del Caucus Hispano del Congreso le habían pedido la semana pasada a Biden que emitiera nuevos TPS e incluyera a Venezuela, para que al mover la fecha de registro a junio de 2023 protegiera de la deportación a por lo menos 1.7 millones de indocumentados.
La cadena de noticias CBS, citando a dos funcionarios federales, también dijo que el anuncio de las extensiones se hará este martes.
El Caucus Hispano pidió a Biden nuevos TPS
La semana pasada, miembros del Caucus Hispano del Congreso y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes reiteraron a Biden que use su poder Ejecutivo para extender y ampliar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de cinco países: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Nepal ante el riesgo de que sean cancelados por orden judicial.
El jueves, un grupo de representantes del Caucus junto con activistas e inmigrantes sin estatus legal de permanencia en el país que claman ser autorizados para inscribirse en el programa humanitario, llevaron a cabo una conferencia de prensa en las afueras del Capitolio para pedirle a la Casa Blanca que sus reclamos sean escuchados.
La urgencia obedece a que la próxima semana iniciarán las audiencias de un juicio resultado de una apelación presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) tras la impugnación de un controvertido fallo emitido por ese tribunal.
La demanda original fue presentada en 2018 después de que el expresidente Trump revocara las protecciones para personas de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán y, más tarde, Nepal y Honduras.
A través de la demanda, titulares de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses obtuvieron un alivio temporal cuando un juez de un tribunal de distrito federal dictaminó que las terminaciones del programa, hechas por el gobierno de Trump, eran “ilegales” y motivadas por intenciones “racistas”.
Sin embargo, un panel dividido de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito revocó la orden del tribunal inferior. “Esa decisión aún no es definitiva porque la solicitud de los demandantes de una nueva audiencia ante el 9º Circuito en pleno sigue pendiente”, indicó la ACLU en ese momento.
Corte de Apelaciones cambió un primer fallo
En febrero de este año, la Corte de Apelaciones del 9º Circuito anunció que revisaría el caso presentado en 2018. El tribunal “concedió una petición de nueva audiencia en pleno presentada por los titulares de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses en el caso Ramos v. Mayorkas”, dijo la ACLU en un comunicado. “El 9º Circuito desestimó una decisión anterior de un panel de tres jueces”, agregó.
“Durante cinco años mi familia ha enfrentado una montaña rusa de emociones, desde el miedo a los despidos hasta la euforia por estas victorias judiciales”, dijo la demandante Cristina Morales, titular de TPS durante más de dos décadas y líder en la Alianza Nacional de TPS. “Hacemos un llamado a la administración Biden para que regrese a la mesa de negociaciones y llegue a un acuerdo”, indicó.
En el fallo emitido en febrero, la jueza que preside la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, Mary H. Murguia, dijo que “con el voto de la mayoría de los jueces activos no recusados, se ordena que este caso se vuelva a escuchar en pleno de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento de Apelación 35(a) y la Regla de Circuito 35-3”. Y agregó: “La opinión del panel de tres jueces está anulada”, lo que significa que los cerca de 300,000 afectados están protegidos de la deportación hasta que la disputa judicial finalice.
Mientras el caso permanece en manos de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, en noviembre del año pasado el gobierno de Biden anunció que los TPS de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Nepal y Sudán fueron extendidos hasta el 30 de junio de 2024.
La nueva extensión que anunciará el gobierno
La extensión de los TPS que se anunciaran este martes permitirá a los actuales 337,000 titulares de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal continuar viviendo en Estados Unidos por otros 18 meses.
El programa, además, les otorga una autorización de empleo válida por el mismo período de tiempo.
“Son los mismos que se vieron afectados cuando el expresidente Trump canceló el programa en 2018”, reiteró Torres. “Y son los mismos que ahora penden de un hilo por la decisión que debe tomar la Corte de Apelaciones del 9º Circuito”, indicó.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dijo que, de acuerdo con su base de datos, al 2021 había 241,699 salvadoreños protegidos por el TPS, 76,737 hondureños, 4,250 nicaragüenses y 14,556 nepalíes.
En el caso de los TPS de Honduras y Nicaragua, la protección humanitaria fue otorgada a principios de 1999 en respuesta al paso del huracán Mitch en octubre de 1998 por la costa Atlántica de Centroamérica.
El TPS de El Salvador fue autorizado en marzo de 2001 tras los devastadores terremotos del 13 de enero y el 13 de febrero de ese año en San Salvador, la capital.
El TPS a Nepal fue otorgado en respuesta humanitaria tras el terremoto de magnitud 7.8 del 25 de abril de 2015.
En julio del año pasado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que extendía hasta el 10 de marzo de 2024 el TPS de Venezuela que le permite a miles de indocumentados de ese país sudamericano permanecer en el país legalmente aun cuando no hayan regularizado su situación migratoria. Los titulares también tienen acceso a un permiso temporal de trabajo.
