La Cancillería de Colombia convocó este martes a una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país para “informar” sobre la situación de violencia en el marco de las protestas sociales que iniciaron el pasado miércoles 28 de abril.
En la reunión prevista para el próximo 5 de mayo, que fue convocada por la canciller colombiana, Claudia Blum, en conjunto con el Ministerio de Defensa, se informará “de manera integral sobre el desarrollo de la situación que se está afrontando”, según informó la cartera en su cuenta de Twitter.
La Cancillería colombiana realizó esta convocatoria a raíz de las múltiples pronunciamientos por parte de la comunidad internacional, quienes rechazaron la represión policial contra manifestantes en el marco de las protestas que se realizan en el territorio.
Al respecto, la Cancillería del país suramericano afirmó que “Colombia es un Estado de Derecho con instituciones democráticas sólidas” y que se garantizan todos derechos de los ciudadanos, incluido el derecho “a la vida” y a la “movilización pacífica”.
Represión y violaciones a los derechos humanos
Una polémica reforma tributaria presentada por el Gobierno de Iván Duque provocó una ola de protestas desde la semana pasada. Aunque el mandatario retiró la iniciativa presentada por la presión social, la brutal represión de la Policía y el Ejército contra inconformes reavivó el reclamo en las calles.
Hasta el lunes 3 de mayo, la Defensoría del Pueblo reportaba 19 muertes vinculadas con las protestas y la recepción de 140 quejas, las cuales incluyen información sobre fallecimientos, personas desaparecidas, casos de abuso policial y manifestantes heridos.
En contraparte, la organización social Temblores documentó 26 homicidios contra manifestantes; 142 víctimas de violencia física cometida por uniformados; 761 casos de detenciones arbitrarias; y 56 denuncias por desapariciones en el contexto de las movilizaciones.
Con la excusa de algunos incidentes de vandalismo registrados en el marco de las manifestaciones, el Gobierno colombiano ordenó el despliegue de soldados y policías en “los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos”. En este contexto, se registraron múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de los uniformados.
“Fin a la represión”
Desde Amnistía Internacional instaron al Estado colombiano a “poner fin a la represión de las manifestaciones, cesar la militarización de las ciudades y asegurar que el respeto y garantía de los derechos humanos se encuentren en el centro de cualquier propuesta de política pública”.
“Las autoridades colombianas deben investigar de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes, que ha dejado como saldo docenas de personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual y denuncias de personas desaparecidas”, apuntó la organización en un comunicado de prensa.
Asimismo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette Rivero, denunció este martes que miembros de su comisión fueron amenazados y agredidos por las fuerzas de seguridad mientras daban seguimiento a las protestas en la ciudad de Cali.
El director ejecutivo para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, llamó al Gobierno de Duque a tomar “medidas urgentes para bajar las tensiones y proteger los derechos humanos”.
Vivanco también se manifestó en contra de la propuesta de algunos congresistas de Centro Democrático, quienes pidieron a Duque declarar el Estado de Conmoción Interior, una medida de excepción prevista en el artículo 213 de la Constitución Política en casos de “grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional”.
Respuesta del Comité de Exteriores de EE.UU.
Por su parte, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU., Gregory Meeks, expresó su preocupación por la “brutal respuesta” de la Policía Nacional de Colombia (PNC) y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) a las protestas en Colombia.
“Estoy particularmente alarmado por los acontecimientos en Cali y pido al presidente Iván Duque disminuir la violencia y dejar claro que el uso excesivo de la fuerza es imperdonable”, escribió Meeks en la cuenta de Twitter del Comité.
El congresista demócrata invocó la aplicación plena de la Ley Leahy, la cual prohíbe al Gobierno estadounidense proporcionar asistencia a instituciones policiales y militares si se comprueba que cometieron violaciones graves a los derechos humanos.
“Es imperativo que la Ley Leahy se aplique plenamente, mientras dejamos en claro que Estados Unidos no apoyará a las fuerzas de seguridad involucradas en violaciones graves de derechos humanos”, señaló Meeks.
Por su parte, la Embajada de Noruega en Colombia también expresó su preocupación por los “graves actos de violencia” y el “uso excesivo de fuerza contra los manifestantes”.
