La Sala Penal Especial de la Corte Suprema resolvió postergar el juicio oral previsto contra el excongresista peruano Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), por la presunta comisión de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
En el inicio de la audiencia, la presidenta del tribunal, Inés Villa, indicó que la Sala Penal Especial no podía iniciar el juzgamiento por “incidentes de apelación” relacionados con este proceso.
Así, la instalación del juicio quedó postergada hasta que se decida finamente qué sala de la Corte Suprema será la encargada de llevar a cabo la audiencia.
La acusación por este caso la presentó en enero de 2020 la fiscal suprema Bersabeth Revilla, quien pidió 12 años de prisión para Kenji Fujimori por presuntamente haber intentado “comprar” votos de congresistas para evitar la destitución por el pleno del Congreso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
El proceso judicial también involucra por los mismos delitos a los excongresistas Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez y al exasesor parlamentario de Fujimori Alexei Toledo, para quienes la Fiscalía pide entre 11 y 12 años de cárcel.
La tesis fiscal sostiene que Kenji, hermano menor de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, ofreció ayudar a Kuczynski a continuar en el cargo a cambio de que indultara a su padre, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
Kuczynski indultó al exgobernante Fujimori el 24 de diciembre de 2017, apenas tres días después de haber sido salvado de un primer intento de destitución gracias a los votos en abstención de Kenji y de otros nueve parlamentarios disidentes del partido fujimorista Fuerza Popular, entre ellos Bocángel y Ramírez.
La medida del indulto, sin embargo, fue anulada en octubre de 2018 por la Justicia peruana, por lo que el exmandatario regresó a prisión.
Fue en marzo de 2018 cuando, en un segundo intento de la oposición por destituir a Kuczynski, salieron a la luz videos grabados con cámara oculta por el fallecido excongresista fujimorista Moisés Mamani en los que se apreciaba a Fujimori, Bocángel y Ramírez ofrecerle obras del Gobierno para su región a cambio de votar en contra de la destitución presidencial.
La difusión de estos videos dio fuerza a la oposición para continuar el proceso de vacancia tras revelarse presuntos pagos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht recibidos por Kuczynski, que prefirió dimitir en marzo de 2018 para evitar la inminente destitución por “incapacidad moral permanente”.
