La jueza federal Kathleen Williams rechazó la solicitud del gobierno de Donald Trump de pausar su fallo en el que ordena a los funcionarios cerrar las operaciones en el centro de detención de inmigrantes conocido como ‘Alligator Alcatraz’ en Florida.
La semana pasada, Williams ordenó que ‘Alligator Alcatraz’ no reciba más detenidos y que algunas partes de las instalaciones sean desmanteladas por violar leyes ambientales, además de que prohibió su ampliación.
El gobierno federal pidió el fin de semana a la jueza que suspendiera su fallo mientras se desarrolla un proceso de apelación.
Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmaron en su petición que, de cumplirse, la orden emitida la semana pasada por la jueza Williams afectaría la capacidad del gobierno federal de aplicar las leyes de inmigración.
¿Por qué la jueza ordenó que no se enviaran más inmigrantes a ‘Alligator Alcatraz’?
Grupos ecologistas y la tribu Miccosukee pidieron a Williams emitir una orden preliminar para detener las operaciones y la construcción adicional que, según ellos, amenazan los humedales, hogar de plantas y animales protegidos. Reclamaron que la instalación de estas carpas revertiría miles de millones de dólares invertidos en la zona en pro de una restauración ambiental.
El centro se construyó rápidamente hace dos meses en un pequeño aeropuerto de entrenamiento con una sola pista, en medio de los Everglades. Las autoridades estatales firmaron contratos por más de 245 millones de dólares para su construcción y operación, y abrió oficialmente el 1 de julio.
Los testigos de los demandantes declararon días atrás que el centro temporal viola la Ley Nacional de Política Ambiental, que exige que las agencias federales evalúen los efectos medioambientales de proyectos de construcción importantes.
Pero los abogados del estado y del gobierno federal aseguran que aunque el centro de detención alberga a detenidos federales, la construcción y operación de la instalación está enteramente bajo jurisdicción de la Gobernación de Florida, lo que significa que no rige el requisito de evaluación ambiental federal.
La jueza les replicó al asegurar que la instalación funcionaba, como mínimo, en base a una asociación entre el estado y el gobierno federal.
Williams afirmó que los funcionarios estatales nunca explicaron suficientemente por qué el centro debía estar ubicado en medio de los Everglades de Florida.
“Lo que es evidente, sin embargo, es que, en su prisa por construir el campo de detención, el estado no consideró ubicaciones alternativas”, declaró Williams.
La orden preliminar incluye a quienes estén con participación activa con el estado de Florida o los acusados federales, o sus funcionarios, agentes o empleados, escribió la jueza en una orden de 82 páginas.
