Un juez federal del sur de California está a punto de prohibir este viernes que el gobierno federal separe familias migrantes en la frontera con México, una medida en vigor desde unos siete años y que se utiliza para disuadir la llegada de indocumentados en busca de asilo.
En octubre el juez Dana Sabraw aprobó provisionalmente un acuerdo judicial pactado entre el Departamento de Justicia y las familias afectadas por las separaciones representadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
ACLU dice que nadie se opuso formalmente al acuerdo, situación que despeja el camino para que el acuerdo se comvierta en permanentre y de esa manera poner fin casi siete años después haber sido autorizado esta medida, señala un reporte de The Associated Press.
Primer fallo contra las separaciones forzadas
En junio de 2018 el juez Sabraw emitió un fallo prohibiendo al entonces gobierno de Donald Trump separar forzadamente familias migrantes en la frontera sur, señalando que se trataba de una práctica “cruel” e “inhumana” que era contraria a la ley y causaba severos sufrimientos a las personas afectadas.
Según el gobierno de Trump, las separaciones forzadas se llevaron a cabo entre principios de mayo y el 20 de junio de 2018 y se llevaron a cabo 2,654 separaciones forzadas. Pero un reporte del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (IG-DHS) publicado en enero de 2019, determinó que las separaciones forzadas comenzaron muchos meses antes de la fecha reconocida por el gobierno anterior afectando a miles de indocumentados cuyo número es probable que nunca se conozca.
Una investigación de Univision Noticias publicada en enero de 2020 determinó que las separaciones forzadas fueron ordenadas por el gobierno de Trump el 11 de abril de 2017 por medio de un memorando firmado por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, y enviado a los fiscales de la frontera.
En el documento, se ordenó la presentación de cargos criminales por ingreso ilegal a Estados Unidos siendo que este acto se trata de una falta de carácter civil. Al presentar cargos criminales, el gobierno le arrebató los hijos menores de edad a los inmigrantes y los envió a hogares sustitutos mientras los progenitores enfrentaban un juicio criminal.
Una vez concluidos los procesos judiciales, cientos de padres fueron deportados solos a sus países de origen y cerca de 1,000 todavía están en busca de reunificarse con ellos sorteando un complejo y difícil proceso burocrático para que les sean entregados.
Sabraw, nombrado por el presidente George W. Bush, ordenó el fin de las separaciones en junio de 2018 y le dio un plazo al gobierno de 30 días para reunificar a las 2,654 familias afectadas. Pero debido a la falta de coordinación entre las agencias que participaron en las separaciones forzadas cientos, tal vez miles de niños se perdieron dentro del sistema que no fue debidamente preparado para llevar a cabo estos procedimientos.
