El juez Thomas S. Hixson, de la corte federal del Distrito Norte de California, evalúa este jueves si Alejandro Toledo, expresidente de Perú solicitado por la Justicia de su país por delitos de corrupción entre 2001 y 2006, debe pasar a prisión preventiva para que se lleve a cabo su extradición.
El otrora mandatario de Perú, en libertad bajo fianza en San Francisco (California, EE.UU.) desde la pandemia, comparecerá ante el tribunal en una audiencia que llega más de dos semanas después de que el Departamento de Estado concediera la extradición de Toledo al país andino.
Tras esto, la defensa del expresidente recurrió su puesta a disposición de las autoridades peruanas y el Gobierno de EE.UU. solicitó que fuera enviado a prisión preventiva por considerar que «el riesgo de fuga» había aumentado.
«La Corte debería revocar su orden de libertad condicional bajo fianza y ordenar su detención», argumentó la fiscal Stephanie Hinds, quien instó a Hixson a que pusiera a Toledo bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de EE.UU. con el fin de que se pudiera acometer el proceso de extradición.
Sin embargo, los abogados del que fuera dirigente de Perú sostuvieron que, en los tres años desde que se inició el proceso judicial contra él, nunca ha intentado fugarse ni salir de territorio estadounidense.
En ese sentido, la defensa indicó que el expresidente se entregará a los alguaciles si la Justicia de EE.UU. desestima su recurso presentado ante el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones, con sede en San Francisco.
También alegaron motivos de salud, dado que el exmandatario tiene 76 años, su estado es «frágil», se está recuperando de dos operaciones y la resolución final «podría tardar meses», por lo que «languidecería esperando en una celda».
Toledo está acusado en su país de recibir decenas de millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla en sus negocios en Perú, cuando aún era presidente.
En concreto, ha sido investigado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, con relación a contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.
El exmandatario fue detenido en 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años, y estuvo 8 meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pudo salir de la cárcel al serle concedida la libertad bajo fianza por la pandemia.
En septiembre pasado, la Justicia de EE.UU. aprobó su extradición a Perú, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, aunque la decisión final quedó en manos del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.
En el capítulo peruano del «Caso Odebrecht», el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, también estuvieron implicados los expresidentes Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori.
