La decisión de la administración de Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes de Nicaragua, Haití, El Salvador y Sudán quedó temporalmente suspendida por orden de un juez federal.
El juez de California Edward Chen emitió en la noche del miércoles una orden judicial preliminar que impide a la administración Trump terminar el programa TPS que protege a los inmigrantes de esos cuatro países de la deportación y les otorga permiso de trabajo.
El magistrado Chen argumentó en el fallo divulgado por medios de prensa que la terminación del programa causa “daños irreparables y grandes dificultades” para sus beneficiarios y sus allegados, como la separación de las familias.
El magistrado alegó que la decisión pudo haber estado motivada por prejuicios racistas y enumeró varios comentarios y decisiones de Trump sobre el fin del TPS de tipo racial.
“El asunto pendiente es si existe evidencia de que el presidente Trump alberga un sentimiento negativo contra extranjeros no blancos y no europeos que influyeron en su decisión de terminar el TPS”, dice un aparte del fallo.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes contra la terminación del TPS, celebró la noticia a través de un mensaje divulgado en su cuenta de Twitter.
“La Corte considera que hay pruebas suficientes de que el racismo es un factor motivador detrás de la decisión de Trump de terminar el TPS”, escribió la organización.
El TPS comenzó en 1990 para dar protección a inmigrantes de 10 países que lidiaban con conflictos armados o habían sufrido desastres naturales. En todo Estados Unidos, cerca de 380,700 personas cuentan con TPS, entre estos 86,000 hondureños, 6,000 nicaragüenses y 230,000 salvadoreños.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional, que administra el TPS, ha argumentado que las condiciones en esos cuatro países ahora son adecuadas para que miles de beneficiarios regresen a sus hogares, el juez federal Edward Chen no está de acuerdo con esa posición de la administración Trump y fijó una audiencia para el próximo 26 de octubre.
El fallo es respuesta a una demanda que busca restituir el programa y en la que se alega que acabar el TPS podría poner en riesgo de deportación a más de 200,000 inmigrantes y separaría a miles de padres beneficiados por el programa pero cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses. EL NUEVO HERALD
