La magistrada de apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Tirza Flores Lanza, y el juez de sentencia de esta misma ciudad, Guillermo López Lone, fueron finalmente reintegrados este día, a sus cargos en la Corte Suprema de Justicia. Hace nueve años eran destituidos en condiciones arbirtrarias por su rol en defensa de la democracia y este día se ha cumplido la sentencia judicial del sistema interamericano.
El histórico reintegro ocurrió la mañana de este 19 de octubre, en esta ciudad del norte de Honduras. López Lone –también director ejecutivo de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)- fue juramentado nuevamente en su cargo.
Este acto fortalece la independencia judicial pues forma parte de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condenó al Estado de Honduras porque la destitución fue arbitraria y se dio como represalia a los roles de los jueces en la defensa de la democracia en el marco del Golpe de Estado que enfrentó el país en el 2009.
En la sentencia además se evidencian las acciones de parcialidad del Poder Judicial durante 2009.
El reintegro ocurre de 9 años de lucha ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
Citas de la Sentencia de la CorteIDH
Este caso se originó porque el 28 de junio de 2009 hubo un golpe de Estado en Honduras, el primero ocurrido en América Latina en el siglo X XI, según historiadores nacionales y de acuerdo con diversos informes de la OEA.
Los días siguientes se realizaron diversas manifestaciones públicas, las cuales fueron “violentamente reprimidas”. Asimismo, se detuvieron “a miles de personas, incluid[os …] niños”, dice la sentencia.
Agrega, “diversos organismos internacionales, incluyendo la Asamblea General y el Consejo Permanente de la OEA y la Asamblea General de la ONU, condenaron lo sucedido y lo calificaron como un golpe de Estado.La Corte Suprema de Justicia adoptó una posición que contrastaba abiertamente con las conclusiones de la OEA respecto a los hechos relativos al golpe de Estado. El 28 de junio de 2009”.
…Por otra parte, consta en el expediente que por medio de una circular interna, la Jefa de Personal del Poder Judicial, “[a]tendiendo instrucciones [s]uperiores […] invitó a los Funcionarios y Empleados del Poder Judicial a participar en la “Marcha por la Paz en Honduras”, a realizarse el 30 de junio de 2009, en apoyo al nuevo gobierno..
“Todas las presuntas víctimas de este caso eran miembros de la AJD. Dicha asociación fue fundada el 12 de agosto de 2006. De acuerdo con sus estatutos, su objetivo fundamental es “la defensa, promoción y fortalecimiento del Estado de Derecho, específicamente del área de justicia; así como de la independencia y el respeto al estamento judicial hondureño”. Solo pueden ser miembros de la asociación jueces, juezas y magistrados que se encuentren en servicio activo”.
“Frente a los sucesos de junio de 2009, la AJD emitió un comunicado el 28 de julio de 2009 señalando su “profunda preocupación [por] la situación de ilegalidad y de resquebrajamiento de todas las instituciones”. Asimismo, indicó que “espera [ba] del Poder Judicial, y en particular de la Corte Suprema de Justicia, que cumpl[iera] con la función de garantía de los derechos fundamentales y de límite de otros poderes del Estado, realizando un ejercicio jurisdiccional que permita junto a otros actores el retorno del orden constitucional”.
En comunicados posteriores, condenaron “la detención ilegal y vejámenes sufridos” por Luis Alonso Chévez de la Rocha, presunta víctima del caso, así como los procesos disciplinarios en contra de las presuntas víctimas y otros funcionarios judiciales.
“ Consta en los casos de las presuntas víctimas que la Corte Suprema de Justicia removió a los jueces y magistrados, previa propuesta de la Dirección de Administración de Personal
La Corte resalta que los hechos del presente caso sucedieron en el marco de una grave crisis democrática y ruptura del Estado de Derecho, en virtud de la cual fue “convocada urgentemente [la Asamblea General de la OEA] por el Consejo Permanente, de conformidad con el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
…En el presente caso, las cuatro presuntas víctimas, tres jueces y una magistrada de la República de Honduras, se manifestaron en contra del golpe de Estado y a favor del restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, ya sea mediante su participación en una manifestación, por vía de la interposición de acciones judiciales o denuncias, a través de una opinión manifestada en el marco de una conferencia universitaria o en conversaciones con colegas. Además, dichas personas se expresaron a través de la AJD, de la cual todos eran miembros, en tanto esta organización emitió comunicados reclamando la necesidad de restitución del Estado de Derecho, cita la sentencia.
