El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, completa este domingo el segundo de sus cuatro años de gobierno cuestionado por decisiones polémicas, como intentar expulsar a un jefe antimafias de Naciones u ONU que lo acusó de corrupción.
El excomediante de televisión de 48 años llega a la mitad de su mandato con la amenaza de perder su inmunidad para ser investigado por financiamiento ilegal en el partido que lo llevó al poder en 2015, el derechista FCN-Nación, un proceso que ha eludido en dos ocasiones gracias a la protección de su mayoría en el Congreso, reseñó AFP.
Morales asumió el cargo el 14 de enero de 2016 después de ganar las elecciones en segunda vuelta en noviembre de 2015, ante el rechazo de los guatemaltecos a los políticos tradicionales tras la caída del expresidente Otto Pérez, acusado de encabezar una red de corrupción.
El lema de Morales, “ni corrupto ni ladrón”, caló en el electorado, que esperaba de él un impulso a la lucha contra la corrupción emprendida por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente avalado por la ONU.
Pero a dos años de haberse colocado la banda presidencial las expectativas se esfumaron.
“La gente creyó que lo nuevo significaba algo diferente pero al final ni era nuevo ni fue diferente”, dijo el analista político Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala.
Del lado oscuro
El desencanto de la población hacia Morales llegó muy rápido. Ocho meses después de jurar como presidente, el fantasma de la corrupción tocó su puerta cuando un hijo y uno de sus hermanos fueron acusados de defraudación tributaria y lavado de dinero.
Además, la Fiscalía y la Cicig pidieron en agosto pasado retirar la inmunidad a Morales para investigarlo por las sospechas de recibir fondos irregulares en la campaña electoral de 2015, pero el Congreso rechazó dos veces ese pedido judicial.
Morales “no ha tomado las riendas de la transformación del país, ha sido más de lo mismo de la política tradicional y por eso tenemos hoy una sociedad molesta y enojada por el engaño”, indicó Asturias.
El mandatario complicó el panorama en setiembre pasado cuando declaró no grato e intentó expulsar de Guatemala al jefe de la Cicig, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, una figura clave en la lucha contra la corrupción que libra el país desde 2015.
Estas situaciones provocaron que miles de estudiantes universitarios, colectivos sociales e indígenas reclamaran en las calles la renuncia del jefe de Estado.
Lenina García, secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la estatal Universidad de San Carlos, señaló a la AFP que la decisión de Morales de expulsar a Velásquez lo unió a los “sectores oscuros de poder” para evitar que la Cicig siguiera investigando casos de corrupción.
“Al intentar expulsar a Iván Velásquez deja claro que está protegiendo a todas las personas señaladas de corrupción y termina de marcar de qué lado está, que es el lado oscuro de la corrupción y la impunidad”, declaró García.
Congraciarse con Trump
Morales también cierra sus primeros dos años con la sorpresiva decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, un anuncio que levantó serias críticas locales e internacionales por ir contra la corriente de las decisiones mayoritarias en Naciones Unidas y plegarse al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La decisión la tomó tres días después de que Guatemala y otros seis pequeños países se alinearon con Estados Unidos e Israel para rechazar la abrumadora condena de la Asamblea General de la ONU al reconocimiento de Washington a Jerusalén como capital israelí.
El gobierno ha rechazado que haya habido presiones de Estados Unidos e Israel para realizar el traslado de su embajada, al asegurar que fue una “decisión soberana”.
“En su desesperación por quedar bien con Trump (…) puso a Guatemala en la cola de la lista de los países más proclives a los temas antidemocráticos y antipaz”, señaló Asturias.
El gobierno ha rechazado que haya habido presiones de Estados Unidos e Israel para realizar el traslado de su embajada, al asegurar que fue una “decisión soberana”.
