El Gobierno iraní podría bloquear las cuentas bancarias de mujeres que no se cubran con el velo islámico, una medida que formaría parte de una nueva normativa acerca de los códigos de vestimenta en el país persa, reveló el clérigo y diputado del Parlamento nacional, Hosein Yalalí.
El funcionario ha dado algunas pistas acerca de los planes de las autoridades tras el anuncio de la disolución de la Policía de la moral, que no parece que vayan a relajar las políticas de vestimenta, tal y como muchos esperaban, especialmente los manifestantes que protestan al grito de “mujer, vida, libertad” desde hace casi tres meses.
“Es posible notificar a las personas que no usan el hiyab a través de mensajes de texto y urgirles a que respeten las leyes”, explicó el diputado y clérigo acerca de la nueva normativa.
Si tras esa notificación la mujer sigue sin usar el velo se pasará a la “etapa de la advertencia”, que no explicó en qué consiste, y finalmente a la del castigo.
“Es posible que la cuenta bancaria de la persona sin velo sea bloqueada”, indicó Yalalí, que forma parte de la Comisión de Cultura del Parlamento.
De hecho, el diputado afirmó que “elevaremos el castigo del mal hiyab” tras la revisión de la normativa.
Las protestas en Irán
Las palabras del clérigo llegan después de que en los últimos días se haya confirmado la disolución de la Policía de la moral o Patrullas de Orientación (Gasht-e Ershad en persa).
“La misión de las patrullas de la Policía de la Moral ha terminado”, declaró el portavoz del Centro de la Promoción de la Virtud y Prohibición del Vicio, Ali Janmohamadí, confirmando el anuncio del fiscal general, Mohamad Yafar Montazerí, de días antes.
Pero Janmohamadí afirmó que su organismo, que vigila la moral y las costumbres en el país persa, busca maneras más “modernas” y con “nuevas tecnologías” para aplicar las leyes de la castidad y el hiyab.
Irán vive protestas desde la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por la Policía de la Moral por no llevar bien puesto el velo islámico, y desde entonces esa fuerza ha desaparecido de las calles del país.
En los casi tres meses de protestas han muerto más de 400 personas y al menos 2.000 han sido acusadas de diversos delitos por su participación en las movilizaciones, de las que 11 personas han sido condenadas a muerte.
