La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), inició la audiencia de juicio oral y público del caso conocido como “Operación Laberinto”, acción mediante la cual en septiembre de 2018 se ejecutaron siete capturas, 16 allanamientos, cinco inspecciones y 80 aseguramientos de bienes en cumplimiento a una orden emitida por un Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, en virtud de un proceso por la comisión del delito de lavado de activos.
La causa se ventila en la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, donde el Ministerio Público, previo a comenzar el debate, llegó a un acuerdo de estricta conformidad con la defensa de dos de los imputados, siendo condenados a 10 años de reclusión Daniel Eduardo Meléndez de Vicente y Juan Pablo Iscoa Guzmán, tras aceptar haber blanqueado 125 millones de lempiras aproximadamente.
Una vez abierto el juicio, se formalizará la acusación en contra de Bertín Cruz Cárdenas y Berta Waldina Villatoro Ortiz, de quienes se tiene una cuantiosa cantidad de medios probatorios, entre los cuales destaca una pericia financiera con más de 100 insumos.
Otros implicados en el caso son: Maritza Gallardo Fúnes, Wilfredo Lainfiesta Dubón y Francisco Rubén Molina Cálix (sobreseídos a petición fiscal), así como Mario Roberto Girón Maldonado también conocido como Oscar Ayala Lopéz, Gladys Orfilia Villatoro Ortiz, Julio César Villatoro Ortiz, Ana Isabel Cálix Lobo, José Fermín Batrez Romero y Luis Felipe Torres Alfaro (todos prófugos de la justicia).
Operación Laberinto comenzó producto de denuncias recibidas en la Oficina Regional de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico en San Pedro Sula, que vinculan a los procesados con el ciudadano guatemalteco Mario Roberto Girón Maldonado, quien además posee identidad hondureña con el nombre de Oscar Ayala López (nombre que según el Registro Nacional de las Personas es un difunto), señalado por el delito de narcotráfico y por lo cual ha adquirido bienes en Honduras, los que aparecen a nombre de su familiares y otros socios.
Entre las actividades mercantiles que han sido constituidas con dinero que no tiene justificación económica ni legal de su origen, se encuentran las sociedades CONDOMINIOS SANTA ANA S.A. DE C.V. e INVERSIONES VILLATORO S.A. DE C.V., así como la operación de hoteles y restaurantes en San Pedro Sula, como es el caso de la sociedad BIENES INMUEBLES S.A., también se invirtió en una sociedad dedicada a la comercialización de camarones en el sur del país denominada CULTIVOS IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS MARINOS S. DE R.L. DE C.V.
Por estos hechos, los Fiscales Contra el Crimen Organizado buscan la obtención de una nueva Sentencia Condenatoria.
