El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, inhabilitado políticamente y enjuiciado en un proceso por intento de golpe de Estado que le puede costar 40 años de cárcel, pidió «justicia» este domingo ante miles de simpatizantes en São Paulo, en una protesta con muchos menos seguidores que en dos actos similares este mismo año.
El líder de la ultraderecha en Brasil aprovechó el acto para negar que hubiese planeado un golpe, para atacar a la Corte Suprema por querer «no solo encarcelarme sino eliminarme» y para defender una amnistía para los condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus seguidores asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo.
«Si fuese un intento de golpe, ustedes no estarían aquí. Lo que queremos es justicia, pacificación y el bien de nuestro país», afirmó el capitán de la reserva del Ejército al aclarar que tal «pacificación» pasa por una amnistía.
Bolsonaro afirmó que los ataques vandálicos del 8 de enero fueron «organizados por la izquierda» y que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva escondió las imágenes de cientos de cámaras que registraron lo ocurrido.
«No incautaron ningún arma ese día. ¿Qué intentona es esa sin armas, con ancianos, mujeres y madres cargando banderas y biblias? Un golpe se da con las Fuerzas Armadas y con armas», dijo el exmandatario en su discurso en la Avenida Paulista, la principal vía de la mayor ciudad brasileña, ante unos 12.400 seguidores, según una herramienta de medición de la Universidad de São Paulo (USP).
La propuesta de amnistía para la «pacificación»
Según Bolsonaro, la amnistía es una medida prevista en la Constitución de Brasil y que puede aprobar el Congreso como «camino de pacificación», pero que espera que reciba respaldo del Ejecutivo y del Poder Judicial.
Sobre sus planes políticos y sin mencionar que no puede disputar las presidenciales de 2026, afirmó que trabajará para que los partidos de la ultraderecha consigan mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado.
«Si en las elecciones me dan 50 % de la Cámara y del Senado puedo cambiar el destino de Brasil sin necesidad de ser presidente. Con esa mayoría, quien lidere el Congreso mandará más que el presidente de la República», aseguró al dar a entender que una mayoría del Legislativo puede aprobar la amnistía, destituir jueces del Supremo y frenar los proyectos de cualquier Gobierno.
La nueva protesta se realizó tan solo tres semanas después de que Bolsonaro compareciera a la Corte Suprema para sentarse en el banquillo de acusados en un proceso en el que se le acusa de liderar un complot para intentar impedir la investidura de Lula, quien lo derrotó en las presidenciales de Brasil en 2022.
El juicio contra el líder ultraderechista y siete de sus principales colaboradores y ministros ya pasó por la fase de instrucción y esta semana la máxima corte le dio un plazo de dos semanas a la Fiscalía para que presente sus alegatos finales, por lo que se prevé que puede dictar sentencia en septiembre.
La pérdida de apoyos de Bolsonaro en Brasil
En caso de que a Bolsonaro lo encuentren culpable de los delitos de golpe de Estado y de las otras acusaciones en su contra lo pueden condenar a penas sumadas de hasta 40 años.
El expresidente, además, ya fue condenado por el tribunal electoral a un período de inhabilitación política de ocho años, que le impide aspirar a cargos electivos hasta 2030.
En la manifestación de militantes vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña, algo común en todos los actos con Bolsonaro, se exhibieron banderas de Israel y de Estados Unidos y se gritaron consignas de apoyo al presidente Donald Trump y a la ofensiva israelí contra Hamás en Gaza y contra Irán.
Pese a su inhabilitación, el líder ultraderechista, amparado en sondeos que lo muestran empatado con Lula en una eventual segunda vuelta y esperanzado en una posible amnistía, se niega a señalar a un posible sucesor.
Sus convocatorias, sin embargo, siguen perdiendo fuerza.
Tras un acto en febrero también en la Avenida Paulista al que acudieron 185.000 manifestantes, ese número cayó a 44.900 en otro de abril de este año y a 12.400 en el de este domingo.
El apoyo político también menguó ya que en la protesta de abril estuvo acompañado por ocho gobernadores y a la de este domingo tan solo acudieron cuatro.
