La comisión parlamentaria que investigó la gestión del Gobierno brasileño frente a una pandemia de COVID-19 que ya mató a más de 600 mil personas en el país votará este martes su informe final, que acusa al presidente Jair Bolsonaro de “crímenes contra la humanidad“.
El informe, resultado de seis meses de investigaciones en una comisión del Senado, será votado por ese grupo integrado por once parlamentarios y, en caso de ser aprobado por mayoría simple, será remitido a la Justicia ordinaria, al Supremo y hasta a entidades multilaterales, como la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.
Esa intención ha sido anunciada por el senador Renan Calheiros, instructor y redactor del informe, que también acusa al líder de la ultraderecha de otros ocho delitos y denuncia por irregularidades diversas a cuatro ministros, tres hijos del mandatario y otras 60 personas.
En el caso de Bolsonaro, los otros cargos son epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, atentados contra la dignidad del cargo, prevaricación, falsificación de documentos y uso irregular de dinero público.
Las acusaciones abarcan desde la imposición en la salud pública de remedios sin eficacia comprobada contra el COVID-19 que conformaron un llamado “tratamiento precoz” basado en la dudosa cloroquina, hasta serias sospechas de corrupción en la negociación de vacunas.
Agrega además que “esa estrategia, en verdad fundamentada en la idea de que el contagio natural induciría a la inmunidad colectiva, apuntaba exclusivamente a la retomada de la actividad económica”, así si eso costase “millares de vidas”.
También se acusa al mandatario de difundir masiva información falsa sobre las vacunas, lo cual se ha reforzado con unas polémicas declaraciones dadas por Bolsonaro el pasado jueves.
Según el gobernante, “informes oficiales” del Reino Unido “sugieren que los totalmente vacunados están desarrollando sida 15 días después de la segunda dosis”.
Esa afirmación fue desmentida por asociaciones medidas, retirada por Facebook e Instagram de los contenidos de Bolsonaro y, según miembros de la comisión, será agregada a última hora y calificada de “mentira criminal” en el informe que será votado este martes.
