Por: Aldo Romero
La recuperación gradual de algunos sectores de la economía hondureña choca con una batería de riesgos que, si se materializan, podrían revertir los escasos avances del periodo 2024-2025 y complicar las proyecciones optimistas para 2026. Entre esos riesgos destacan el posible deterioro fiscal por gasto electoral, cambios repentinos en la política monetaria y cambiaria, tensiones con Estados Unidos, la polarización política y la posibilidad de frustración del proceso electoral.
Aunque un informe elaborado por la firma consultora COPADES proyecta un repunte del PIB a 4.2% para el próximo año, particularmente en la recuperación industrial y un retorno del dinamismo financiero, ese escenario depende de que no se produzcan choques políticos o reversos de política económica que afecten la confianza, la disponibilidad de divisas y el acceso al crédito, Estas amenazas convierten al 2026 en un año de “condicionalidad política” para la economía.
El informe advierte que la campaña política puede inducir incrementos drásticos del gasto público para apuntalar candidaturas, lo que pondría en riesgo el balance fiscal positivo observado en años recientes y aumentaría la necesidad de endeudamiento. Esto es especialmente relevante porque la ejecución presupuestaria ha mostrado capacidad de recaudar más de lo estimado, pero también limitada ejecución en áreas clave como salud, educación e infraestructura entre otros.
COPADES a su vez identifica que la profundización de la polarización y la violencia política pueden traducirse en factores de inestabilidad que desalienten la inversión privada y retrasen decisiones empresariales importantes, afectando la demanda interna y la ejecución de proyectos, por otro lado, el temor a la cooptación de los órganos electorales o el uso de fuerzas públicas con fines políticos podría generar crisis institucionales, con efectos directos sobre la confianza externa e interna, acceso a financiamiento y estabilidad macroeconómica.
Otro elemento de riesgo se presenta con un cambio de rumbo en la política cambiaria o monetaria, por ejemplo, detener el deslizamiento ordenado del lempira podría generar volatilidad en el tipo de cambio y afectar la liquidez y el acceso a divisas con consecuencias negativas para el comercio y las importaciones.
Finalmente, el riesgo de que fricciones diplomáticas o políticas migratorias perjudiciales reduzcan las remesas y la inversión extranjera directa provenientes de EE. UU, impactaría severamente en la cuenta corriente dada la alta dependencia del país de esos flujos.
De materializarse este panorama de riesgo los impactos podrían sentirse de manera puntual en el aumento del déficit fiscal, fuga o congelamiento de inversiones, menor acceso a crédito internacional, mayor volatilidad cambiaria y tensión en el sistema financiero, por lo que se hacen necesarias acciones coordinadas entre gobierno, sector privado y organismos internacionales para evitar que una ventana de oportunidad macroeconómica como las reservas crecientes y remesas altas, se convierta en un período perdido. El próximo año será una prueba de la resiliencia institucional del país.
